El impuesto a los beneficios extraordinarios e ingentes de la banca es una cuestión de justicia social en España y en cualquier país del mundo. La justificación económica de lo que se recauda, por parte de Hacienda o del sistema de impuestos responde a la necesidad de gravar los excesos de rentabilidad bancaria. De este modo, se logra también un flujo adicional de recursos, que puede emplearse para mejorar servicios públicos, infraestructuras o políticas sociales.

De hecho, en el primer trimestre de 2025, los seis principales bancos españoles registraron un beneficio conjunto de 8.847 millones de euros, lo que representa un incremento del 27% respecto al mismo periodo del año anterior. Es cierto que las entidades bancarias realizan su actividad para ganar dinero, pero existen unos límites éticos que deben respetar los bancos.

Lo que no puede ser es que los ciudadanos o clientes de estos, tengan que soportar unas condiciones leoninas de tipos de interés en los depósitos, por ejemplo, y en otros productos financieros y tengan que conformarse a la fuerza, con una inflación galopante y una pérdida de poder adquisitivo en sus ingresos, ya que los sueldos prácticamente no suben en años.

Estudios e investigaciones sugieren que un impuesto a la banca en el Reino Unido podría generar hasta 20.000 millones de libras al año, que serían suficientes para el reforzamiento de las prestaciones sociales básicas de los británicos.

Desde los planteamientos de John Rawls, los impuestos a los beneficios extraordinarios pueden entenderse, como una efectiva aplicación del principio de diferencia a los más desfavorecidos, para corregir las desigualdades económicas estructurales de las sociedades, de los diversos países. También los gobiernos a nivel mundial deberían poner en marcha medidas, para que las entidades no eludan el impuesto mediante ingeniería financiera, etc.

Es cierto que algunos expertos en estas cuestiones consideran, que un gravamen excesivo podría reducir la capacidad de préstamo de los bancos y encarecer el crédito para hogares y empresas, pero la clave para que esto no ocurra es crear leyes o normas, que impidan esto y además crear una banca pública, por los grandes beneficios económicos, que proporciona especialmente a los particulares y a las pequeñas y medianas empresas, que son la base productiva y de creación de riqueza de España y de cualquier país del planeta. También por una cuestión de justicia fiscal. Son definibles una serie de beneficios de la banca pública. Por ejemplo, el acceso universal al crédito, ya que la banca privada no facilita préstamos a familias y pequeñas empresas con bajos ingresos, etc. Otra ventaja de la banca pública es una real y efectiva reinversión social de los beneficios.

Lo que supone también un mucho mayor fomento de la inversión productiva y una transparencia y control democrático, para que los productos bancarios estén orientados de verdad también al bienestar general y no solo a la ganancia especulativa, sin ningún límite.

Además, de esta forma se facilitaría con la banca pública, la reducción de costes financieros para el Estado. La inclusión financiera sería otra de las ventajas de una banca estatal, ya que se establecerían sucursales en zonas rurales en vez de quitarlas, como está haciendo la banca privada en nuestro país. Los ingentes beneficios o la optimización máxima de los mismos no lo justifican todo. También habría menor presión, por la rentabilidad a corto plazo.

El Gobierno español debería tomar la iniciativa, en mi opinión, y seguir esta vía de la banca pública para compensar los grandes defectos del sistema bancario privado español. Lo dicen también los representantes políticos de un partido de ámbito nacional, que apoya a Pedro Sánchez en la realización de su actividad política. Y esto es aplicable a las grandes empresas energéticas privadas, que no deberían derivar los costes económicos de una renovación y modernización de la red eléctrica española, al precio a pagar en las facturas de consumo eléctrico, de los ciudadanos y las empresas.

Sobre todo, si se tienen en cuenta, los extraordinarios beneficios de las cinco grandes compañías de electricidad españolas. Una de las soluciones estaría, según señalan los expertos en estos asuntos, en la creación de una gran compañía eléctrica pública, para garantizar que no se produzcan más apagones masivos, y que el precio de la electricidad sea asequible, para la ciudadanía y las empresas y autónomos.

En el fondo, se trata de planteamientos racionales, que eviten las prácticas monopolísticas del capitalismo neoliberal salvaje existente en la actualidad en el planeta. Nadie niega que la banca privada tiene que lograr beneficios, pero no deben ser desproporcionados, a costa de los clientes. Los ciudadanos españoles, la mayor parte se quejan de una inflación alta y de la falta de subida de los sueldos. También existe un clima social negativo en relación con el acceso a condiciones laborales, que permitan vivir con dignidad, en cuanto a los ingresos percibidos. La cuestión de la vivienda es otro de los caballos de batalla de esta sociedad, ya que la mayoría de los jóvenes no tiene acceso a la misma.

CD/YC