Veracruz, Ver.- En Veracruz ser maestro dejó de ser sinónimo de estabilidad desde hace muchos años. Hoy, para miles de docentes, dar clases significa sobrevivir entre salarios raquíticos, escuelas abandonadas y promesas incumplidas. Sin embargo, para algunos políticos que surgieron precisamente del sector educativo, la historia fue completamente distinta: Encontraron en el poder un auténtico pase VIP hacia la riqueza.

El tema del yate del millón de pesos no representa sorpresa alguna para el argot periodístico veracruzano. El hoy diputado federal se convirtió durante el sexenio de Cuitláhuac García Jiménez en uno de los perfiles más visibles de la llamada “nueva clase política” surgida al amparo del poder estatal. Lo mismo se le ha visto desplazarse en una motocicleta Harley Davidson de un millón de pesos que en un convoy de Suburbans que rondan los dos millones de pesos cada una, bienes que contrastan brutalmente con la realidad cotidiana de la mayoría de los trabajadores del sector educativo.

Cualquier maestro rural tendría que dedicar un siglo completo de su fuerza laboral para aspirar apenas a cubrir una fracción del costo de una embarcación como la siniestrada el fin de semana pasado.

Mientras en las zonas rurales hay maestros que pagan de su bolsillo ventiladores, pintura, hojas o hasta el internet para sus alumnos, algunos exfuncionarios parecen vivir como reyes tropicales del Golfo de México.

Y no, el tema no sorprende.

Durante el sexenio de Cuitláhuac García Jiménez, Veracruz vio nacer una nueva élite política que pasó del discurso de austeridad republicana a la opulencia descarada. Camionetas blindadas, convoyes de Suburbans, motocicletas Harley Davidson millonarias y ahora yates de lujo forman parte del paisaje de quienes llegaron prometiendo acabar con “los privilegios del pasado”.

Terminamos cambiando a los ricos de siempre… por ricos nuevos.

El problema no es únicamente el lujo. Cada quien puede gastar su dinero en lo que quiera. El verdadero asunto es la brutal desconexión moral entre quienes administraron la educación pública y la realidad de miles de escuelas veracruzanas que literalmente se caen a pedazos.

Basta recorrer cualquier comunidad serrana para entender el tamaño de la tragedia: Baños inservibles, techos colapsados, salones convertidos en hornos y estudiantes tomando clases en condiciones indignas.

Pero mientras eso ocurría, desde las oficinas del poder se impulsaban proyectos faraónicos como el “Nido del Halcón” o la remodelación del estadio Luis “Pirata” Fuente, obras multimillonarias vinculadas al aparato educativo estatal y rodeadas de cuestionamientos por sus costos inflados y su opacidad.

En Veracruz parecía más urgente construir monumentos al ego político que reparar escuelas.

Y ahí es donde el caso de Zenyazen Escobar García deja de ser un simple escándalo de redes sociales para convertirse en un símbolo del fracaso moral de toda una generación política.

Porque mientras miles de maestros hacían rifas para comprar ventiladores, algunos funcionarios construían una vida de magnates.

Porque mientras estudiantes tomaban clases bajo láminas, otros navegaban en embarcaciones de lujo.

Porque mientras el discurso oficial hablaba de transformación, la realidad mostró una vulgar reproducción de los viejos excesos del poder.

La narrativa posterior al incidente marítimo tampoco ayudó demasiado. Las explicaciones sobre la propiedad de la embarcación dejaron más dudas que certezas y abrieron nuevas preguntas sobre el nivel de cercanía entre ciertos personajes políticos y determinados privilegios económicos difíciles de ignorar.

Y quizá ahí radique el verdadero daño.

No en el yate.

No en la fotografía.

No en el accidente.

El gran problema de la llamada transformación veracruzana la de Cuitláhuac García es que prometió acabar con los excesos… y terminó democratizándolos.

También llama la atención la narrativa ofrecida tras el incidente marítimo, particularmente por los intentos de deslindar responsabilidades y explicar la propiedad de la embarcación. Las versiones difundidas dejaron más dudas que certezas y terminaron generando cuestionamientos adicionales sobre el entorno político y administrativo relacionado con el caso. La gobernadora de Veracruz, ingeniera Rocío Nahle, no debe pasar por alto que en un intento desesperado, se le intentó de inmiscuir.

Veracruz atraviesa una profunda crisis social, educativa y económica. En ese contexto, la ostentación de ciertos servidores públicos no sólo resulta ofensiva. También simboliza la enorme distancia entre la clase gobernante y la realidad que enfrenta la mayoría de los ciudadanos.

Casos como el de Zenyazen Escobar García alimentan el desencanto social y refuerzan la percepción de que el poder público, lejos de servir a la ciudadanía, continúa siendo utilizado por algunos como una plataforma de privilegio personal.

Por el bien de Veracruz este personaje no debe ocupar nunca más un puesto público. Veracruz no necesita más Zenyanzens.

CD/YC