Dice la conseja popular que el pedir no empobrece; el dar es el que aniquila.

El barrer la escalera de arriba para abajo no es suficiente. Ahora la diputada federal por Morena de Baja California, Julieta Andrea Ramírez Padilla propuso fortalecer medidas contra corrupción en contratación de servicios del Gobierno Federal. Urge endurecer la ley para seguir combatiendo la corrupción en sus múltiples modalidades. Presentó una iniciativa para prohibir que dependencias y entidades del Gobierno Federal celebren contratos con personas que cuenten con socios, asociados, colaboradores o empleados que hayan incurrido en actos de corrupción.

La contratación pública había sido un medio recurrente en que se comenten actos de corrupción, especialmente por los recursos económicos que se manejan.

En múltiples ocasiones, las contrataciones no se realizaban en función de la calidad o costo que beneficie al Estado, y en consecuencia a sus gobernados, sino de un interés muy ventajoso de las personas físicas o morales que pretenden adjudicarse dicha contratación.

La corrupción no se encuentra de origen únicamente al interior del gobierno, también son partícipes actores a nivel empresarial. De acuerdo con Transparencia Internacional, México se coloca en el número 138 de los 180 países revaluados en el 2018.

La iniciativa se sustenta en el fortalecimiento del marco jurídico, en aras de prevenir y desalentar conductas de corrupción por parte del sector privado a través de mecanismos legales, que partan de la premisa de la obligación de las instituciones públicas para garantizar el derecho humano a vivir en un ambiente libre de corrupción.