El gobierno de Trump dio 10 días a cinco distritos escolares de Virginia para eliminar políticas que permiten baños según identidad de género, o enfrentar consecuencias legales.

La advertencia, emitida el pasado viernes 25 de julio, se dirige específicamente a los distritos de Loudoun County, Fairfax County, Prince William County, la ciudad de Alexandria y Arlington, a quienes se acusa de violar el Título IX, una ley federal que prohíbe la discriminación por sexo en instituciones educativas que reciben fondos públicos.

Investigación federal y justificación legal

Según la Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Educación, la medida se basa en una investigación iniciada en febrero tras recibir denuncias sobre políticas inclusivas que, a juicio del gobierno federal, “permiten el acceso a instalaciones escolares según la identidad de género, lo que contradice las protecciones sexuales del Título IX”.

El informe oficial también hace referencia a un reciente fallo de la Corte Suprema que, según el Departamento, respalda su interpretación de que el sexo biológico no puede equipararse a la identidad de género en el contexto educativo.

Además, se señalaron casos en los que estudiantes —principalmente mujeres— manifestaron sentirse incómodas o inseguras al utilizar los baños escolares, al tiempo que se documentaron incidentes de conducta inapropiada en vestidores femeninos.

Medidas propuestas y posibles consecuencias

Para evitar una acción legal inmediata, el Departamento de Educación ha ofrecido a los distritos una propuesta de acuerdo correctivo, que incluye las siguientes exigencias:

Eliminar políticas que permitan el uso de instalaciones conforme a la identidad de género.
Adoptar definiciones basadas en el sexo biológico para los términos “hombre” y “mujer” en todos los documentos y reglamentos escolares.

Comunicar oficialmente a todas las escuelas que las futuras políticas deben diferenciar por sexo biológico, no por identidad de género.

En caso de no cumplir con estas condiciones dentro del plazo establecido, los distritos podrían ser referidos al Departamento de Justicia y enfrentar consecuencias legales “inminentes”.

Las cinco jurisdicciones confirmaron haber recibido los documentos oficiales y señalaron que se encuentran evaluando sus opciones legales. Al mismo tiempo, reiteraron su compromiso con el cumplimiento de las leyes federales y estatales, “manteniendo un entorno seguro, inclusivo y de apoyo para todos los estudiantes”.

Hasta el momento, ninguna autoridad escolar ha confirmado si aceptará o rechazará las condiciones impuestas por el gobierno federal.

Con información de: Excélsior

CD/GL