Durante años trasladarse en Veracruz ha sido un reto para muchas personas con discapacidad física debido a las barreras de accesibilidad en el transporte público, lo que ha limitado su movilidad de forma segura e independiente para realizar actividades cotidianas.

Ante esta situación muchas veces la única alternativa era utilizar taxi, lo que además representaba un gasto mucho mayor; sin embargo, incluso en este servicio persisten barreras ya que aún hay conductores que consideran complicado brindar atención a una persona con discapacidad.

Por ello, la llegada del transporte Ulúa implementado por la gobernadora Rocío Nahle García representa un avance importante en materia de accesibilidad e inclusión. Este transporte cuenta con rampas de acceso, espacios para sillas de ruedas, botones en braille y guías podotáctiles para personas con discapacidad visual.

Además, los operadores descienden de la unidad para colocar la rampa y facilitar el acceso, algo que puede parecer sencillo, pero que hace una gran diferencia para quienes vivimos esta realidad, sin embargo, todavía existen retos importantes.

La capacitación de los choferes en materia de accesibilidad es fundamental ya que no solo se trata de manejar una unidad, sino de contar con las herramientas necesarias para brindar un servicio adecuado, considerando que cada persona puede requerir distintas formas de apoyo al momento de trasladarse.

Esto también implica realizar la parada aunque la persona con discapacidad no venga acompañada, detener la unidad de manera que la rampa pueda colocarse sobre la banqueta y no sobre el pavimento, para evitar riesgos por la inclinación, ya que debe bajarse directamente sobre la banqueta para garantizar un acceso seguro.

Asimismo, es importante respetar los espacios asignados para personas con discapacidad ya que con frecuencia son ocupados por otros pasajeros aun cuando existen asientos disponibles. El acceso a la movilidad y la accesibilidad no es un favor, sino un derecho humano que se establece en el Artículo 9 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Organización de las Naciones Unidas, que obliga a los Estados a garantizar la accesibilidad en igualdad de condiciones en el transporte, el entorno físico y los servicios públicos.

En México, este derecho también está reconocido en la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, que establece la obligación de garantizar el acceso al transporte y la inclusión plena de las personas con discapacidad.

Como usuaria de silla de ruedas y después de haber utilizado distintos sistemas de transporte, incluyendo taxis, el Metro de la Ciudad de México y el Metrobús, puedo afirmar que aunque existen operadores empáticos y amables, todavía hace falta fortalecer la capacitación y consolidar una cultura de inclusión más presente dentro del transporte público, ya que la accesibilidad no solo facilita la movilidad, sino que también determina si una persona puede o no ejercer plenamente su derecho a desplazarse en igualdad de condiciones.

CD/YC