Transición hacia una justicia más equitativa: el papel del poder judicial en la implementación de la reforma al CNPCYF

El 7 de junio de 2023 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Disposiciones que conllevan a uno de los cambios más significativos del Derecho en la actualidad, pues, modifica sustancialmente el quehacer jurisdiccional, guiándose con los principios de oralidad, publicidad, inmediación y continuidad.
La nueva reforma tendrá verificativa la implementación para el 2027, en donde los Poderes Judiciales del territorio nacional deberán estar capacitados para implementarla y desarrollarla en su totalidad. En sí, la Reforma al CNPCyF prevé las reglas y principios del juicio oral, la justicia alternativa, así como el uso de la E- Justicia, implementado el uso de tecnologías, información y comunicación.
La entrada en vigor de una reforma al CNPCyF marca un nuevo comienzo en el panorama jurídico del país. Los Poderes Judiciales adquieren gran relevancia, toda vez que, como bien se sabe, son los encargados de interpretar y aplicar las nuevas disposiciones legales de manera justa, pronta y expedita, tal como lo contempla el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Representa una serie de oportunidades y desafíos para todo el sistema jurisdiccional, uno de los principales retos es la necesidad de capacitar a todos aquellos que aplicarán el nuevo Código, así mismo, a quienes recibirán los efectos de la reforma. La capacitación es fundamental para un correcto funcionamiento de la administración pública.
La implementación de nuevas modificaciones en el sistema de justicia no solo requiere familiarizarse con los cambios, sino también comprender el sentido y la razón detrás de los mismos. En el caso de la reforma, se busca modernizar y agilizar los procedimientos judiciales, garantizando una justicia más accesible, transparente y eficiente para todos los ciudadanos. Por tanto, es fundamental que los actores del sistema judicial comprendan la importancia de estos cambios y estén debidamente preparados para aplicarlos en beneficio de la sociedad
Los poderes judiciales de la Federación y de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán las etapas y calendarios para llevar a cabo las acciones y medidas necesarias para la instrumentación del CNPCFyF de conformidad con las asignaciones presupuestales aprobadas para ese fin", ordena la reforma.
Esta transición genera nuevos desafíos para los Poderes Judiciales, la E-Justicia resalta en dicha reforma, por lo que la noción de la misma implica la utilización de medios digitales por parte de los administradores judiciales para optimizar sus procesos, como, por ejemplo, minimizando el uso de documentos físicos mediante la digitalización, generando así una serie de puntos positivos que favorecerán a la impartición de la justicia.
Según Alejandro Platero, en la Revista de Ciencias Jurídicas de la Universidad de Costa Rica, el concepto de E-Justicia hace referencia a los esfuerzos de la administración de justicia para implementar todas las nuevas posibilidades digitales para afrontar las necesidades que se generan día a día.
En cuanto todos los Poderes Judiciales comiencen a implementar lo indicado en la nueva reforma, se deberá unificar en todo el territorio nacional para actuar en una misma sintonía. Paulatinamente, las discrepancias en la interpretación se unificarán.
Es responsabilidad de los Poderes Judiciales generar planes de capacitación para los servidores públicos, a través de los Institutos de capacitación o Escuelas Judiciales, las cuales tendrán un impacto positivo en el funcionamiento de la Institución.
La reforma al CNPCyF trae consigo una serie de beneficios significativos. En primer lugar, enfatiza la resolución de disputas relacionadas con procedimientos formales. Además, fomenta la adopción de alternativas para resolver conflictos y promueve la conciliación. Prioriza la realización de audiencias de manera oral, continua y pública, excepto en casos familiares, con el propósito de agilizar el proceso judicial. También requiere la interacción directa del juez con las partes y las pruebas, en contraposición al método tradicional basado en documentos escritos. Además, da prioridad al uso de herramientas tecnológicas en lugar de los expedientes en papel. Por último, establece un concurso de acreedores para personas físicas insolventes, proporcionando procedimientos de conciliación y acuerdos de pago para evitar litigios.
En resumen, el papel del Poder Judicial en la implementación de una reforma al Código Civil es fundamental para garantizar una transición hacia una justicia más equitativa. A través de una adecuada coordinación y aplicación, el sistema judicial podrá aplicar correctamente lo indicado por el Código Civil, contribuyendo significativamente a la protección de los derechos fundamentales y libertades de las y los justiciables.

CD/JV