Tatahuicapan de Juárez, Ver.- La elección de los comités de Administración y Vigilancia del programa federal FAIS (Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social) desató una crisis política y social en Tatahuicapan, luego que ciudadanos y representantes comunitarios acusaran directamente al alcalde Eusebio González Hernández de intentar imponer un comité subordinado a sus intereses personales, en desacato a la convocatoria oficial realizada por la Secretaría de Bienestar.

De acuerdo con el pronunciamiento emitido por Eleazar Bautista Ramírez, miembro del Comité de Defensa de la Democracia y respaldado por líderes naturales de las 23 comunidades del municipio, el pasado 25 de junio se llevó a cabo una asamblea pública en el domo central, convocada por los Servidores de la Nación a través de redes sociales y perifoneo.

Esta reunión, respaldada por instancias oficiales, como el coordinador regional de la Secretaría de Bienestar, ingeniero Israel Marcial Gómez, y la directora regional del programa FAIS, licenciada Maydeline Ortega Morales, tenía como objetivo la elección democrática de los comités que manejarán los recursos destinados a obras en comunidades indígenas.

Sin embargo, los problemas comenzaron una semana antes, el 19 de junio, cuando el presidente municipal Eusebio González realizó una convocatoria paralela, ilegal e ilegítima, sin el aval de la Secretaría de Bienestar, para imponer un comité a modo. Esta acción fue considerada por los ciudadanos como una violación a la legalidad del proceso.

Durante la asamblea del 25 de junio, que registró una asistencia superior a las mil quinientas personas, el intento de ratificar el comité promovido por el Ayuntamiento provocó un ambiente tenso. De acuerdo con los testimonios recogidos, fue el propio Cornelio Bautista Hernández, en representación del alcalde, quien solicitó públicamente la validación del comité espurio nombrado en su asamblea anterior, lo que generó la inconformidad y rechazo de los asistentes.

Los reclamos escalaron cuando, según la denuncia, funcionarios del Ayuntamiento —entre ellos Sixto Hernández Guillén, director de Protección Civil; Abel Sánchez, jefe de Recursos Humanos, y elementos de la Policía Municipal— agredieron a varios ciudadanos, lo que provocó un enfrentamiento generalizado. “Su intención fue reventar la asamblea, pero fueron rebasados por la mayoría del pueblo”, afirma el comunicado.
Tras ser expulsados del recinto, este grupo se dirigió a las oficinas de Bienestar, donde tomaron el inmueble e impidieron que los servidores de la nación continuaran con sus labores. Pese a esta interrupción, los asistentes decidieron continuar con la elección de los comités, eligiendo por unanimidad a los siguientes representantes:
Comité de Administración:

• Presidente: Marcos Eloy González Martínez
• Tesorera: Elena Ramírez
• Secretario: Omar Ramírez Martínez
• Vocal 1: Ángel Méndez Hernández
• Vocal 2: Evelyn Alexandra Revilla Hernández
Comité de Vigilancia:
• Presidente: Gustavo López Pérez
• Secretario: Lamberto Hernández Tole
• Vocal 1: Elirode Hernández González

La asamblea fue concluida en presencia de los representantes de la Secretaría de Bienestar, quienes presenciaron y coordinaron el proceso.

Ante los hechos, el Comité de Defensa de la Democracia responsabilizó directamente al alcalde Eusebio González y a su grupo cercano, señalando que han actuado “con dolo y mala fe” y han financiado actos de provocación y violencia para evitar que el pueblo ejerza su derecho a decidir.

Asimismo, desmintieron el acta circunstanciada difundida por los allegados del edil, calificándola como un documento fabricado.

En un mensaje firme, advirtieron que no permitirán más atropellos ni imposiciones desde el poder municipal. “Estamos cansados de tantas mentiras e injurias… exigimos vivir en paz. Basta ya de permitir violencia contra mujeres y adultos mayores”, recalcaron.

En su pliego de exigencias, solicitaron lo siguiente:

1. Que el alcalde deje de intervenir en los procesos de elección de comités ciudadanos.
2. La liberación inmediata de las oficinas de Bienestar y restitución del personal.
3. Respeto absoluto a la decisión tomada por el pueblo en asamblea pública.
4. Que el delegado estatal del Bienestar, Juan Javier Gómez Cazarín, reconozca el proceso y a los comités electos.
5. La intervención urgente de la gobernadora Rocío Nahle García para evitar mayores conflictos.

Finalmente, advirtieron que, de no obtener respuesta de las autoridades estatales y federales, el pueblo podría tomar decisiones y medidas por cuenta propia en defensa de su voluntad democrática.

Este conflicto evidencia una profunda división política en el municipio y pone en entredicho la transparencia de los procesos sociales impulsados por el Gobierno Federal en regiones indígenas. Las autoridades competentes no se han pronunciado oficialmente hasta el momento.

CD/GU