Aguas con el árbitro. El INE anunció que el límite de gastos permitidos para la campaña de los candidatos que compitan por alguna de las 300 diputaciones federales de mayoría relativa en México en 2024 será de aproximadamente 2.2 millones de pesos.

En México, el financiamiento de las campañas políticas se sustenta en fondos públicos y se somete a un escrutinio riguroso. El Instituto Nacional Electoral (INE) supervisa los ingresos y gastos de los partidos y candidatos. Durante las elecciones para la Cámara de Diputados, los candidatos compiten en diversos distritos y emplean una variedad de recursos financieros y estrategias para atraer a los votantes usando el presupuesto que les es asignado primero por la autoridad electoral, y posteriormente por los liderazgos de sus partidos.

Conforme el país se distancia de su pasado político hegemónico, la profesionalización de las campañas se ha vuelto un asunto esencial, que puede marcar la diferencia entre el éxito y la derrota en una elección. Los datos históricos de los últimos 20 años muestran que la competencia se ha vuelto cada vez más intensa, con una tendencia a la reducción de márgenes entre ganadores y perdedores. Esto ha requerido que candidatos y partidos optimicen el uso de sus recursos y desarrollen campañas políticas más sofisticadas.

En la Constitución, la Ley General de Partidos Políticos y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales se establecen las reglas del financiamiento y gasto en materia electoral. A partir de éstas es que los partidos políticos reciben un financiamiento público (mayoritario), y se regula su acceso al privado (minoritario), así como lo que pueden llevar a cabo en materia de erogaciones. Para cada proceso el INE fija cuánto le dará a cada partido y los topes máximos de gastos de campaña.

Primero se define el monto de dinero a repartir. Para este cálculo es importante recordar la fórmula anual para el sostenimiento de las actividades ordinarias permanentes. La bolsa total resulta de multiplicar el número de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el 75 por ciento del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. Una vez que se conoce esta cantidad, el 30 por ciento se distribuye entre los partidos políticos en forma igualitaria y el 70 por ciento restante de acuerdo con los votos obtenidos en la elección de diputados inmediata anterior.

CD/MF