La encuesta que realizó Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) en 2023 sobre los reclusorios del país, arrojó que es “la segunda institución con mayor percepción de corrupción”, nueve de cada diez personas así lo percibió, al considerar que hay dos factores que prevalecen: las injusticias y la ilegalidad, por lo que desconfían en el sistema carcelario del país.

Los mexicanos tienen la concepción de que los reclusorios son las universidades del crimen, generado por la corrupción, el hacinamiento, la sobrepoblación, los autogobiernos, la falta de programas de reinserción social, etcétera.

Entre tanto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en su Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria (DNSP) 2024, hizo una muestra en 162 centros penitenciarios del país, para visibilizar y verificar las condiciones en que se encuentran, al visitar 145 centros estatales, 14 centros federales y 3 prisiones militares, donde se encontraban 132,965 personas privadas de la libertad, de las cuales 125,723 eran hombres (94.55%) y 7,242 eran mujeres (5.45%).

Llamó la atención a la CNDH “que sigan existiendo entidades en las que no se cuente con al menos un centro penitenciario exclusivamente femenil, y que, en los existentes, la atención brindada a las mujeres y a sus hijos e hijas que viven con ellas no sea integral, careciendo aún, de una actuación con perspectiva de género e interseccional en la toma de decisiones, en la implementación de programas y en el otorgamiento de insumos y servicios”.

El ombudsman nacional hizo un llamado “urgente sobre la necesidad de asumir un abordaje integral en la protección del derecho a la salud mental de las personas privadas de la libertad, y del personal que labora en los centros del país”.

Sostuvo que la dignidad es el fundamento de los derechos humanos de toda persona, la cual debe protegerse ante cualquier situación o contexto que la coloque en riesgo o peligro, su salvaguarda no está sujeta a la discrecionalidad y/o actuación de autoridad alguna.

En el DNSP 2024, la CNDH reprobó con una calificación estatal de 4.94 a Tabasco, al supervisar los centros de reinserción social de Huimanguillo, Comalcalco, Macuspana, Tenosique, el de Tabasco, y los regionales de Cunduacán y Tacotalpa, donde encontró deficiencias graves en cinco rubros: aspectos que garantizan la integridad de las personas privadas de la libertad; aspectos que garantizan una estancia digna; condiciones de gobernabilidad; reinserción social de las personas privadas de la libertad y grupos de personas privadas de la libertad con necesidades específicas.

Caso contrario a Veracruz, el DNSP 2024 le dio una calificación estatal de 6.31, luego de visitar los centros de reinserción social de Chicontepec, Huayacocotla, Jalacingo, Ozuluama, Pánuco, Poza Rica, Tantoyuca. Aprobando casi los cinco rubros antes señalados, teniendo el penal de Jalacingo la más alta calificación con 7.10.

En 2024, la CNDH consideraba a Tabasco y a Veracruz con sobrepoblación carcelaria.

Según el Cuaderno Mensual de Información Penitenciaria Nacional, hasta junio de 2025 había una población de 248 mil 361 reclusos en el país, de los que 233 mil 348 son hombres (93.96%) y 15 mil 13 son mujeres (6.04%), en los 325 centros penitenciarios, de los cuales 14 son federales, 13 de la Ciudad de México, 248 estatales y 50 son especializados en tratamiento o internamiento para adolescentes. 

Hay una sobrepoblación de 23 mil 855 personas, en 134 centros penitenciarios; entre los del fuero común y el fuero federal.

De acuerdo con el Cuaderno, Tabasco cuenta con seis centros de readaptación social y dos centros regionales, las cuales tienen una población de 4 mil 655 personas; 4 mil 484 del fuero común y 171 del fuero federal, ocupando Tabasco el noveno lugar nacional en sobrepoblación, al contar con 3 mil 146 espacios, y tiene mil 509 personas más, lo que representa el 47.97%.

El gobierno del estado resolverá este problema de sobrepoblación carcelaria el primero de agosto, con la operación del nuevo centro penitenciario 9 en Huimanguillo, que tiene capacidad de 720 personas, en el que se invirtieron 250 millones de pesos.

Actualmente, los centros regionales de Cunduacán (272%) y Tacotalpa; y los CRS de Centro (57%), Comalcalco (101%) y Macuspana (78%), están sobrepoblados.

Esperemos que el gobierno del estado implemente en el CRS 9 un verdadero programa de reinserción social, donde la población se ocupe laboral, cultural, educativa y deportivamente, que sea autofinanciable y deje de ser una carga financiera para los tabasqueños.

Con respecto a Veracruz, el Cuaderno Mensual de Información Penitenciaria Nacional registraba hasta junio de 2025, en los diecisiete centros de reinserción social, 6946 espacios, considerando una sobrepoblación de mil 798 personas, es decir, un 25.89%, al contar con una población total de 8 mil 744 personas, de las que 8 mil 564 son de fuero común y 180 del fuero federal.

Los centros de readaptación social de, Chicontepec tienen una sobrepoblación del 142.22%; Jalacingo, del 112%; Tantoyuca, 92.73%; Pánuco, 92.75%; y los penales con menos sobrepoblación son el de Huayacocotla y el de Coatzacoalcos con -2.78% y -1.65%, respectivamente.

Desde mayo de 2020, el gobierno estatal de Veracruz pretendía resolver el problema de la sobrepoblación carcelaria con el Complejo Penitenciario de Papantla. En diciembre de 2022, el presidente Andrés Manuel López Obrador instruyó a la entonces secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez a resolver el problema de la sobrepoblación en siete de los diecisiete penales de Veracruz, lo que hasta la fecha no se ha atendido.

CD/YC