El presidente del Poder Judicial, Enrique Priego Oropeza, sostuvo reunión de trabajo con misión de Organización de Estados Americanos y la Secretaría de Gobernación
Se implementará plan piloto para poner en marcha Programa de Justicia Terapéutica; en México cinco entidades cuentan ya con las denominadas cortes de drogas

Villahermosa, Tab.- En aras de avanzar en el proceso de implementación del Programa de Justicia Terapéutica en Tabasco, el presidente del Poder Judicial, Enrique Priego Oropeza, sostuvo una reunión de trabajo con una delegación de la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Secretaría de Gobernación (Segob), con quienes comprometió el mayor de los esfuerzos para materializar las llamadas cortes de drogas con las que se busca rescatar a la juventud del flagelo de los estupefacientes mediante el trabajo conjunto de los tres órdenes de gobierno y la sociedad civil.

El magistrado Priego Oropeza puntualizó que este es un proyecto clave para mejorar la justicia penal, favorecer la reinserción social y proteger la salud pública en favor de los tabasqueños.

Al agradecer el respaldo que el Poder Judicial ha recibido de la Organización de Estados Americanos, la embajada de Estados Unidos en México y la Secretaría de Gobernación para la asistencia técnica y capacitación del programa, el titular del Consejo de la Judicatura recordó que gracias a esta ayuda se ha mejorado la infraestructura de juzgados en municipios, recursos que se obtuvieron a través de la Iniciativa Mérida, hoy denominada Entendimiento Bicentenario.

El titular del Tribunal Superior de Justicia recibió en su despacho a la comitiva integrada por los maestros Karelly Villanueva, Juan Ruiz y Eiji Fukushima, oficial de programa, consultor de reinserción social y consultor sanitario, respectivamente, de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD), de la Organización de Estados Americanos.

El maestro Eiji Fukushima hizo entrega al magistrado Priego Oropeza de la Guía de Justicia Terapéutica, en la que se establecen los lineamientos técnicos y de infraestructura necesarios para la implementación del plan piloto correspondiente.

Los funcionarios acudieron acompañados por la coordinadora del Programa de Justicia Terapéutica de la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rosa Aimée Leal Olguín, y Pablo Antonio Segrera Tapia, subdirector de Reinserción de la Dirección General para la Reconciliación y Justicia de la propia dependencia federal.

En encuentro de trabajo previo con magistrados y jueces penales, así como consejeros de la Judicatura, los enviados de la Organización de Estados Americanos reconocieron que Tabasco “va muy avanzado” en la implementación del Programa de Justicia Terapéutica debido a que ya se decidió establecer en el municipio de Centro la primera de estas cortes y el calendario de trabajo se ajustará a los tiempos que han marcado las instituciones participantes en el estado.

Para el logro de este objetivo se mantiene estrecha coordinación con la Fiscalía General del Estado, las secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana, de Salud y de Educación, así como el Instituto de la Defensoría Pública --presentes en el encuentro de trabajo--, mencionó el magistrado Dorilián Moscoso López, quien explicó que la titular del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), Guadalupe Castro de Merino, ha mostrado especial interés en el tema, mientras la Secretaría de Salud se encuentra en etapa de capacitación.

En la reunión, a la que también fueron invitados representantes de la Comisión Nacional contra las Adicciones (Conadic), Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) y Observatorio Ciudadano, se acordó que los capacitadores del organismo multilateral con sede en Washington continuarán el acompañamiento para establecer un modelo propio de atención de acuerdo a las características de Tabasco, y la posterior elaboración de un plan piloto.

Luego de reunirse con el magistrado Priego Oropeza, los visitantes recorrieron las salas de juicios orales de segunda instancia puestas en funcionamiento el 20 de septiembre de 2019, las cuales se propuso utilizar para las audiencias de suspensión de medidas cautelares aplicadas a quienes podrían beneficiarse con este programa.

Además, los funcionarios solicitaron estar presentes vía Zoom en una audiencia del sistema de justicia para adolescentes para aprovechar que la entidad se encuentra en semáforo epidemiológico verde y conocer las particularidades de una audiencia de este tipo.

El Programa de Justicia Terapéutica plantea ofrecer alternativas al encarcelamiento a personas que han cometido delitos no graves y presentan trastornos por el consumo de drogas o alcohol. En lugar de llevarlas a un centro penitenciario, se les brinda un tratamiento sanitario para superar su trastorno por consumo de sustancias, en conjunto con un plan de actividades para facilitar su reinserción social.

Actualmente, cinco entidades ya tienen implementado un programa de justicia terapéutica en México y la secretaría encabezada por Adán Augusto López Hernández coordina la expansión hacia otras latitudes del territorio nacional.

De acuerdo con la experiencia internacional, la justicia terapéutica protege la salud de las personas con trastornos debidos al consumo de enervantes, facilita la reinserción social, reduce la reincidencia delictiva, humaniza el sistema de justicia, y ahorra al erario los costos asociados a los centros penitenciarios. De tal manera, con la implementación de la justicia terapéutica se trabaja para mejorar la justicia penal, favorecer la reinserción social y proteger la salud pública de los tabasqueños.

En 2016, al presentarse el modelo mexicano del Programa de Justicia Terapéutica para Personas con Consumo de Sustancias Psicoactivas, el gobierno federal relató que en ese año se registró la sesión extraordinaria de la Asamblea General de Naciones Unidas (ONU) sobre el Problema Mundial de las Drogas (UNGASS), en la que se incorporó un cambio en las políticas de drogas sobre cómo se enfrentan los retos cambiantes sobre el tema.

México ha planteado ante Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos un cambio en el enfoque que ponga al individuo como eje de cualquier política pública sobre drogas.

El Informe sobre el Problema de las Drogas en las Américas de 2013 supuso un antes y un después en cuanto al debate sobre políticas de drogas. La Declaración de Antigua en ese mismo año, y las resoluciones posteriores de Guatemala y Paraguay en 2014, reflejan un cambio de paradigmas, que centra los esfuerzos de las intervenciones en la persona como parte de la sociedad de un país, en lugar de centrarse prioritariamente en el control de las sustancias.

El informe de la OEA significó una gran apertura para el diálogo y la deliberación, sin temas tabúes y con una nutrida participación de la sociedad civil. El Programa de Justicia Terapéutica mexicano advierte que la solución a la problemática de las adicciones debe estar centrada en la búsqueda del bienestar de la persona, con una respuesta integral y un enfoque de salud pública, donde no se caracterice al consumidor de drogas como objeto del sistema de justicia penal exclusivamente.

Precisa que es menester encontrar vías alternativas a la imposición de sanciones penales o privación de libertad y un enfoque más justo, que incluya la visión de género y la participación de la sociedad civil en la definición, implementación y evaluación de estas políticas públicas.

CD/GL