La actividad política debe servir para encontrar soluciones a los problemas de los ciudadanos españoles, no para crear justificaciones, que dejan las cosas como están. Agilizar al máximo los trámites burocráticos en toda la Administración es algo absolutamente necesario. Aumentar el gasto público también es imprescindible y, si es necesario, incrementar la recaudación de impuestos, que serán los que den soluciones a los más desfavorecidos.

Las ayudas al alquiler y la mejora real de las condiciones de las hipotecas dependen de la cuantía y la distribución de los presupuestos autonómicos, locales y estatales. Es lo esencial, lo demás son parches reducidos, que no hacen posible que numerosos ciudadanos puedan tener unas condiciones de vida dignas.

Para dirigir la política de un país como España se necesitan conocimientos y los mejores asesores, pero sobre todo valentía y coraje, con el fin de elaborar medidas muy ambiciosas, que realmente sirvan para que la desigualdad económica excesiva desaparezca realmente, en poco tiempo. Si se dilatan las posibles soluciones en el tiempo durante años y años, todo queda en promesas y especulaciones, que no dan resultados.

Las explicaciones y justificaciones de problemas como: el elevado nivel de paro, la sequía, el calentamiento global, el acceso a la vivienda, y la alta inflación que perjudican gravemente a muchos españoles, no sirven para nada. Es como el reconocimiento de una especie de pasividad ante una realidad, que supera la capacidad del Gobierno. Frente a esta situación, lo que hace falta son acciones ambiciosas y amplias, que ayuden a millones de ciudadanos, de lo contrario, se solucionan situaciones puntuales de unos pocos miles de afectados. El umbral de la pobreza en España abarca a un porcentaje de la población cercano al 50% y esto es muy preocupante y grave. Con medidas políticas mínimas y muy graduales no se resuelven estos problemas de subsistencia. Si es preciso que los impuestos suban considerablemente, así tiene que ser, siendo pagados especialmente, por los que ingresan grandes cantidades de dinero cada mes o cada año y también teniendo en cuenta los beneficios astronómicos de grandes empresas y corporaciones.

Lo que no debe ser es que cientos de miles o millones de personas en nuestro país vivan mal y con privaciones para que una élite de privilegiados viva a todo lujo. El intervencionismo del Gobierno central está plenamente justificado, por razón del bien común, ya que estamos en un Estado social de derecho, y no son simples palabras, ya que tienen un significado muy claro.

En relación con la elaboración de leyes es necesario que los redactores de estas desarrollen su tarea con las máximas garantías y que la redacción de los textos legales sea muy concienzuda y minuciosa, para que no haya que cambiarlas por lagunas e imprecisiones, que tienen que ser analizadas en procesos de revisión muy exigentes.

Las promesas electorales se las lleva el viento. Lo que valen son hechos. Por ejemplo, con el problema de la sequía en España, que está saliendo en los informativos de televisión estos días, la descripciones y explicaciones sobran, ya que toda la ciudadanía sabe lo que está pasando. Lo que es necesario ya, son medidas contundentes. Por ejemplo: construir muchas plantas desalinizadoras de agua de mar, en el menor tiempo posible, para que no se pierdan muchas cosechas a lo largo de la geografía española, con todo lo que eso representa de cara a los consumidores de los productos agrícolas. En la ganadería está sucediendo algo similar.

El Gobierno español debe tomar medidas profundas, que ayuden a todos los que necesiten apoyo económico para salir de la pobreza o del desamparo. Esto supone presupuestar para millones de ciudadanos y no para unos cientos de miles solamente.

El ingreso mínimo vital en España ha llegado a 600.000 familias y tendría que ser dado a varios millones de familias y ciudadanos y esto no se ha hecho, por falta de dinero y por una excesiva burocracia y demasiadas condiciones o requisitos que desaniman a mucha gente que no lo solicita, teniendo necesidad de este.

Todo depende de los impuestos y de su justa distribución respecto al gasto público. Además, los farragosos trámites, junto con la lentitud en muchos casos de la resolución de ayudas de todo tipo, hace que muchas personas se sientan superadas y opten por no solicitar las prestaciones económicas que realmente necesitan. Es lamentable, pero está sucediendo. Es indispensable simplificar los trámites burocráticos. Se trata de pensar en cada ciudadano español y no en unos pocos miles y no poner esto como ejemplo de que se están haciendo maravillas, algo que no es cierto.

CD/YC