Últimamente, la cuestión de una hipotética fusión bancaria entre el BBVA y el Banco Sabadell, ocupa las portadas de noticias de televisiones y radios y también de los periódicos en España. Es lógico que suceda, porque supone una vuelta de tuerca más, en un intento de intensificar la concentración bancaria en nuestro país. Al principio, el BBVA propuso, de forma amistosa, una oferta de fusión aparentemente ventajosa al Sabadell que no fue aceptada, por razones de peso. Posteriormente se lanzó una OPA hostil que tampoco es admitida por la dirección del banco catalán con sede en Alicante. La fusión supondría pérdida de plantilla en el Sabadell y causaría otros problemas financieros, que no están dispuestos a asumir los directivos de este banco.

De fusionarse, se convertirían en el segundo banco más grande de España y el tercero de Europa, con todo lo que esto significa. Ambas entidades acaban de presentar unos beneficios récord en 2023 y en el primer trimestre de 2024. La eventual fusión crearía un oligopolio, en contra de la legítima competencia entre bancos, que propicia mejores condiciones bancarias para los clientes o ciudadanos. Se entiende perfectamente que el ministro de Economía haya advertido, que la operación introduce efectos lesivos potenciales en el sistema financiero español.

Además, como se sabe el Gobierno español tiene la última palabra en cuanto a la autorización de la fusión, aunque intervienen otros organismos de control a nivel nacional y europeo. Incluso, según Pere Aragonés, presidente de la Generalitat, la fusión empeoraría la falta de competencia, destruiría puestos de trabajo y mermaría el poder económico de Cataluña. Según la presidenta de la Asociación de Usuarios financieros (ASUFIN), Patricia Suárez, la absorción “supondría que tres de cada cuatro personas estaríamos en manos de los tres grandes bancos” que son Caixa Bank, Banco Santander y BBVA y que suman el 70% del mercado bancario español. Lo que pone de relieve, que habría una falta de competencia de cara a los usuarios de los bancos, porque al formarse un evidente monopolio estos grandes bancos podrían poner condiciones a sus clientes, sin ningún tipo de competencia, dejando a los ciudadanos sin posibilidades de aceptar otras condiciones más flexibles y ventajosas para sus intereses. La misma vicepresidenta del Gobierno Yolanda Díaz se ha posicionado claramente en contra de la fusión por estas razones y, en general, el Gobierno. No es cierto que la oferta bancaria sea inmensa y muy variada, porque la gente confía en los bancos que dan suficientes garantías y estos no son muchos. Los bancos digitales no producen confianza en la gente, porque no disponen de sede física o presencial.

Los bancos pequeños no ofrecen productos financieros ventajosos para los posibles clientes. No debe producirse esta fusión bancaria, porque como también dice el Gobierno, los clientes de los bancos quedarían indefensos ante este monopolio de los tres grandes bancos, que podrían imponer sus condiciones, sin competencia de otras entidades bancarias.

El sistema de la banca española debe mejorar en muchos aspectos, que conviene explicitar y que forman parte del debate público, que se observa a pie de calle. La gente se queja, con razón, del excesivo número de comisiones, que los bancos hacen pagar a sus clientes por casi todo. En lo relativo a la rentabilidad de los depósitos o ahorros de los clientes, es realmente ridícula o nula prácticamente. En la mayoría de los casos, los depósitos, si se consideran las comisiones, dan cero beneficios y sin tenerlas en cuenta es de un cero y pico por ciento, que es igual a nada, a los efectos. Los intereses de los depósitos bancarios deberían ser de, al menos, un 3% o 4% y no es así.

En lo concerniente a las cuotas de hipotecas deberían ser más bajas y con más de 15 años para el pago de estas, para las personas mayores de 60 años, ya que a través de seguros de vida y otros productos los bancos nunca pierden lo que prestan. Lo que es discriminatorio, en mi opinión, es que se concedan préstamos hipotecarios a 20, 25 o 30 años a jóvenes de 25 o 30 años y en cambio esto no se ofrezca a las personas de más edad, ya que existen mecanismos y procedimientos, para que el banco no pierda la devolución del dinero prestado. En esta cuestión, debería intervenir el Gobierno español y el parlamento nacional, para legislar al respecto.

En cuanto al personal de los bancos debería incrementarse y no disminuir como está ocurriendo en España, para ofrecer unos servicios de calidad a todos los ciudadanos, tanto en el ámbito rural como en el urbano. Se necesita una atención más personalizada, de forma general. Han entrado en vigor normas del Gobierno, para que se neutralice la brecha digital y se atienda a las personas de forma individualizada, en la realización de todo tipo de gestiones bancarias. Los grandes bancos deben pagar más impuestos, ya que logran ingentes beneficios. Debe haber más flexibilidad en las condiciones o requisitos de los diversos productos bancarios.

CD/GU