-Abogados ya traen amparos

Veracruz.- Poco antes de las 16:30 horas de este miércoles, inició en el pleno del Congreso de Veracruz, la sesión extraordinaria privada cuyo único punto es el juicio de procedencia contra los alcaldes de Movimiento Ciudadano, Raúl González Martínez, de Ixhuatlán del Sureste, y Bertín Bravo Montero, de Úrsulo Galván, de quienes la Fiscalía General del Estado pidió su desafuero.

El dictamen de la Comisión Instructora que hoy se vota es a favor de quitarle el fuero a los ediles, y llamar a sus suplentes.

Conscientes de que si la mayoría legislativa vota a favor del desafuero de los alcaldes de Movimiento Ciudadano, los mismos pueden ser detenidos saliendo del Palacio Legislativo o donde se encuentren, los abogados de ambos ediles ya tramitaron amparos “contra todo”.

El pasado 7 de julio la Fiscalía General del Estado inició un procedimiento de declaración de procedencia en contra de los alcaldes de Movimiento Ciudadano, a quienes se les acusa de estar relacionados en diferentes hechos delictivos.

En el caso de Raúl González Martínez, alcalde de Ixhuatlán del Sureste, la Fiscalía de Veracruz lo investiga como el presunto autor intelectual del homicidio de la comunicadora Roxana Berenice Guzmán Ramírez, originaria del municipio de Nanchital.

De acuerdo con los elementos integrados en la carpeta de investigación presentada ante los legisladores, el edil supuestamente habría ordenado a un supuesto líder de una organización criminal privar de la libertad y posteriormente asesinar a la periodista, tras enterarse de que ella poseía una fotografía donde el funcionario aparecía portando un arma de fuego.

Ante esto, la defensa del alcalde argumentó la semana pasada que la acusación carece de sustento al basarse únicamente en un “testigo de oídas”, es decir, una persona que no presenció directamente los hechos sino que replica información de terceros.

Por otro lado, al alcalde de Úrsulo Galván, Bertín Bravo Montero, se le investiga por su presunta relación con la desaparición del empresario minero Héctor Ramos Sánchez y de su escolta, Ignacio López Torres, sucesos ocurridos en mayo de 2026.

La defensa del alcalde rechazó de forma tajante cualquier nexo con líderes delictivos y sostuvo que los informes técnicos de telefonía presentan discrepancias en horarios y ubicaciones, acusando a la Fiscalía de omitir datos clave e incumplir con los deberes de objetividad y certeza.

La sesión podría prolongarse hasta pasada las 22:00 horas.

CD/GL