Una jueza de Florida ordenó a Genaro García Luna y a su esposa por manipular contratos de seguridad para extraer dinero mediante sobrecostos y comisiones secretas

Estados Unidos.- La jueza Lisa Walsh del 11.º Circuito Judicial de Florida emitió este lunes una sentencia contra Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública, y su esposa Cristina Pereyra. El dictamen—pronunciado sin juicio, tras la reiterada incomparecencia de los acusados— les impone el pago conjunto de 2 mil 488 millones de dólares por un esquema de contratos ilícitos que, según la demanda, drenó recursos públicos mexicanos hacia propiedades y cuentas en el sur de Florida.

El fallo detalla que García Luna debe restituir 748 millones, mientras que Pereyra—considerada pieza clave en la transferencia y ocultamiento de activos—afronta una sanción mayor: mil 740 millones de dólares. “Un demandado que incurre en una falta por no responder a la demanda inicial del demandante admite los hechos bien fundamentados y consciente en el alivio solicitado en la demanda”, argumentaron los abogados de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), órgano que representa al gobierno mexicano.

La UIF sostiene que, entre 2012 y 2018, García Luna y una red de colaboradores manipularon contratos de seguridad para extraer al menos 250 millones de dólares, suma que más tarde se multiplicó a 580 millones 8 mil 513.40 mediante sobrecostos y comisiones secretas. “Desde al menos el año 2012 y hasta por lo menos 2018, el acusado García Luna y personas que actuaban bajo su dirección… transfirieron esos fondos fuera de México hacia el condado de Miami-Dade, Florida, con el fin de ocultar los fondos robados”, señala la moción presentada ante la corte. Propiedades en Aventura, condominios de lujo y sociedades pantalla habrían servido para lavar el dinero.

Ni el exfuncionario—encarcelado en Nueva York y condenado en 2023 por narcotráfico—ni su esposa respondieron a la demanda civil presentada en 2021. La jueza Walsh advirtió varias veces sobre las consecuencias de la omisión; aún así, Pereyra dejó vencer plazos y su abogado se retiró del caso. Para la UIF, esa ausencia equivalía a admitir los cargos: “El demandante, México, solicita respetuosamente que este Honorable Tribunal dicte una Sentencia Final en Rebeldía contra los acusados Genaro García Luna y Linda Cristina Pereyra de García…”. La magistrada coincidió y dictó el fallo por default.

Próximos pasos: embargos y búsqueda de activos
La sentencia autoriza al gobierno mexicano a confiscar bienes localizados en Florida y en otras jurisdicciones que cooperen con órdenes civiles. Entre los codemandados figuran los empresarios Samuel y Alexis Weinberg, quienes continúan negociando un acuerdo con la UIF, y exsubordinados de García Luna que ya pagaron sumas menores—como José Francisco Niembro, quien desembolsó 330 mil dólares.

Los abogados mexicanos anticiparon que presentarán un inventario detallado de propiedades y cuentas bancarias en la llamada “audiencia probatoria de daños”. La jueza Walsh, quien considera el caso “excesivamente demorado”, urgió a cerrar los convenios pendientes antes de abrir un posible juicio contra los restantes demandados.

La Fiscalía confirmó que mantiene una orden de aprehensión contra Pereyra por lavado de dinero y delincuencia organizada. Sin embargo, que recuperar la totalidad de los 2 mil 500 millones será complejo: muchos activos habrían pasado por fideicomisos opacos o fueron revendidos. Aun así, el caso sienta un precedente sobre la cooperación judicial entre México y Florida para rastrear capitales ilícitos.

Con información de: Excelsior

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