CDMX.- La diputada Blanca Araceli Narro Panameño (Morena) promueve una iniciativa de reforma a la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, con la finalidad de proteger el derecho a una vivienda digna y el patrimonio de las familias mexicanas contra prácticas ilegales.

En un comunicado, informó que su propuesta plantea reformar los artículos 11 y 56 de dicha ley “para evitar las prácticas ilegales que se comenten en el sector inmobiliario a fin de detener y revertir la injusticia social, los daños a las economías nacional, estatal y familiar”.

Explicó que busca que municipios y entidades prevengan y eviten la preventa y venta de inmuebles para vivienda de conjuntos urbanos o desarrollos habitacionales que no hayan demostrado tener autorización en los términos previstos en la ley y en las leyes de las entidades federativas.

Asimismo, y a fin de que dicha obligación no quede en letra muerta, “se propone adicionar un párrafo a efecto de mandatar que las leyes de las entidades federativas deben de establecer la obligación de las autoridades estatales y municipales en la materia”.

La iniciativa hace referencia a otorgarles a las autoridades competentes mayores facultades para sancionar a los actores involucrados en caso de infringir la ley.

Narro Panameño refirió que “la nueva agenda urbana incorpora un nuevo reconocimiento de la correlación entre la buena urbanización y el desarrollo; subraya los vínculos entre la buena urbanización y la creación de empleo, así como la mejora de la calidad de vida”.

Agregó que la carencia por calidad y espacios de vida afecta a un 11.1% de la población, mientras que un 19.8% experimenta carencia por acceso de servicios básicos, lo cual se agrava cuando desarrolladores inmobiliarios y constructoras comercializan viviendas que, en muchos casos, no cuentan con los trámites o licencias necesarias.

Apuntó que muchas de estas construcciones irregulares no garantizan acceso a servicios básicos, comercios, espacios de usos colectivos e incluso transporte, escuelas y servicios de salud.

“Lo anterior deja a los compradores expuestos a diversos riesgos como fraudes, estafas y los sofocantes prejuicios legales derivados de contratos leoninos, así como la imposibilidad de tomar posesión de su vivienda, debido a que fue clausurada la construcción por alguna autoridad”, comentó.

Destacó que con la iniciativa se pretende fortalecer la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, a efecto de evitar interpretaciones a modo, derivadas de vacíos legales que los desarrolladores inmobiliarios y las constructoras pueden y han utilizado a su favor y en detrimento de los compradores y del proyecto urbano.

De igual forma, prohibir estas prácticas ilegales que se cometen en el sector constructor, en aras de detener y revertir la injusticia social, los daños a la economía nacional, estatal y familiar.

Indicó que desde la LXV Legislatura se deben proteger los derechos de las y los compradores y el patrimonio de las familias mexicanas, por lo que es necesario “poner un alto a los engaños y fraudes de las inmobiliarias y constructoras”.

CD/JV