La Ley General de Aguas prohíbe suspender totalmente el suministro por falta de pago, al reconocerlo como un derecho humano cuyo costo no debe implicar una carga desproporcionada para los hogares. La legislación, promulgada en días pasados, establece que cuando los hogares no puedan pagar el costo del agua se les debe garantizar el abasto de un mínimo para consumo humano básico. [EXCÉLSIOR / pp., p6]