Florencia.- Las primeras declaraciones de la curadora estadunidense Naomi Beckwith al frente de la Documenta 16, una de las exposiciones de arte contemporáneo más influyentes del mundo, que cada cinco años atrae a cientos de miles de visitantes y ha llegado a rozar el millón, revelan hasta qué punto la edición de 2027 nace atravesada por distintas fracturas.

Por un lado, la crisis que sacudió la muestra en 2022 por acusaciones de antisemitismo contra algunas obras, analizada por diversos estudios como parte de una campaña de desprestigio; por otro, un escenario radicalmente distinto tras los ataques de Hamas del 7 de octubre de 2023, la posterior ofensiva israelí en Gaza, calificada de genocidio por la Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU, y la escalada de la extrema derecha en Alemania y el resto de Europa.

En las primeras entrevistas, la curadora admitió a Die Zeit que varios artistas declinaron participar como protesta por la postura de Alemania sobre Gaza, o por temor a restricciones a la libertad artística. Mientras al diario local de Kassel HNA dijo que no teme a las críticas, pues la gente tiene derecho a manifestarse, y que concibe la muestra como un espacio de diálogo abierto al disenso, con el límite infranqueable de no tolerar ninguna agresión física, verbal o simbólica.

Asimismo, Beckwith aseguró que busca restablecer la confianza en la Documenta colaborando estrechamente con la dirección, “convencida de que los deberes históricos de Alemania y la libertad artística no deberían contraponerse”. Ante la crisis global, la plantea como espacio para ejercitar el disenso democrático y la convivencia de posturas enfrentadas a través del arte.

La curadora reivindica la persistencia del hecho artístico en contextos de guerra, recordando cómo en Medio Oriente la población civil abandona sus hogares llevando sus lienzos enrollados entre las pertenencias más valiosas.

También manifestó su inquietud ante el avance electoral de la extrema derecha (AfD) en Alemania y otros países, enfatizando que le preocupa “la política cultural y el fuerte apoyo, en patrones argumentativos utilizados por los nacionalsocialistas contra el arte y la cultura modernos”.

Frente al aislamiento digital, la propuesta aspira a restablecer el encuentro presencial y la experiencia sensorial: “que se reúnan un millón de personas para sentarse ante el arte, hablar entre ellas, escuchar, oler, tocar cosas: todo aquello que nos hace humanos y que no puede conseguirse a través de un teléfono”.

Distorsión mediática

La polémica de Documenta 15 estalló con People’s Justice (Justicia del Pueblo), pancarta monumental del colectivo indonesio Taring Padi, colocada en la plaza central de Kassel. Entre una masa de personajes en la obra había también un soldado con cara de cerdo y casco del Mossad, los servicios secretos israelíes, y un judío ortodoxo con colmillos de vampiro y las letras SS en el sombrero.

Tras las críticas, la obra fue retirada. El colectivo se disculpó por no considerar el contexto histórico alemán, pero denunció la distorsión mediática que lo acusó de antisemitismo, y se definió como combatiente “del racismo en todas sus formas”.

Recordaron que la obra no fue pensada para este espacio, sino creada dos décadas antes para el SALA Festival de Australia con el propósito de “poner de manifiesto las complejas relaciones de poder que subyacen a estas injusticias”, como el genocidio indonesio de 1965, en el que fueron asesinadas más de 500 mil personas, y que fue borrado de la memoria colectiva. La ofensiva anticomunista permitió que el militar Suharto tomará el poder e instaurara una dictadura de 32 años respaldada por las potencias occidentales en plena Guerra Fría.

Explicó que exhibirla en la Documenta 15 fue su respuesta a los curadores del colectivo Ruangrupa, en solidaridad “con las luchas globales contra los legados coloniales que alimentaron el autoritarismo y la violencia estatal”.

Ruangrupa propuso el intercambio de saberes, recursos y vínculos solidarios con el arte al servicio de la convivencia frente a las jerarquías institucionales, el legado colonial y las lógicas del mercado.

La reducción de la obra a una acusación de antisemitismo precipitó una crisis institucional que contribuyó a la dimisión de Sabine Schormann, directora general de Documenta y del Museum Frideri-cianum, y endureció los controles mediante códigos contra el antisemitismo y la discriminación, una nueva estructura de selección y mayor capacidad de intervención de la gerencia.

Sectores del mundo del arte han denunciado estas reformas como una burocratización y vigilancia estatal que amenazan la libertad artística y pueden inhibir el debate crítico y anticolonial.

La mirada de los analistas

El Consejo Central de los Judíos en Alemania denunció las imágenes antisemitas y la gestión de la crisis, mientras un panel científico independiente confirmó la presencia de esos códigos.

Estudios posteriores cuestionaron, sin embargo, cómo se construyó el escándalo. David Duindam señala que las acusaciones surgieron seis meses antes de la apertura, impulsadas por blogs extremistas y amplificadas después por la prensa.

A su juicio, la memoria alemana del Holocausto proyectó el antisemitismo sobre artistas del Sur Global, relegando el contexto del genocidio indonesio de 1965.

E-flux Journal habló de “violencia epistemológica y recolonización”, aunque no eximió a Ruangrupa de sus propias contradicciones: criticó la autoexotización del lumbung –el sistema indonesio de granero comunitario que articula la ayuda mutua, la redistribución de recursos y la toma colectiva de decisiones–, así como la dependencia de patrocinadores occidentales y la debilidad de sus estructuras.

Birgit Bräuchler y Alexander Supartono hablan también de recolonización del arte: consideran que Taring Padi fue convertido en chivo expiatorio al interpretar su iconografía fuera de la tradición política y visual indonesia.

El colectivo asumió su responsabilidad y colaboró en Tanah Merdeka (Ámsterdam, 2023) con Casa do Povo, centro cultural judío progresista de São Paulo, como una manera de reconciliación.

Esa tensión atraviesa la historia reciente de Alemania: de un lado, la Staatsräson (“razón de Estado”), nacida de la culpa del Holocausto, sostiene un respaldo incondicional a Israel que aísla cada vez más a Berlín frente al rechazo social a la guerra en Gaza –una fractura que advierte Lena Obermaier, investigadora de la Universidad de Exeter–; de otro, quienes exigen una memoria abierta al Sur Global. Beckwith la hereda: su Documenta 16 deberá probar si el diálogo basta, y si la responsabilidad histórica y la libertad artística se disputan el mismo espacio.

Con información de: La Jornada

CD/AT