Mérida, Yuc.- El agua potable de pozos y sistemas entubados tiene alta contaminación de bacterias fecales producidas en granjas porcícolas, las cuales, a pesar de varios litigios aún funcionan en por lo menos 10 comunidades mayas, en desacato a las resoluciones judiciales y en perjuicio de la salud de los pobladores, denunciaron activistas y vecinos afectados.

Expusieron que estudios del Laboratorio de Ecología Microbiana y Productos Naturales Marinos de la Universidad Nacional Autónoma de México detectaron bacterias fecales coliformes y E. colli en pozos y tuberías de los municipios de Chocholá, Kopomá, Kinchil, Maxcanú, Santa Teresa, Paraíso, Santa María Chi, San Fernando y San Rafael.

Mencionaron que estudios de la Universidad John Hopkins, de Estados Unidos, con la aplicación de un marcador genético, detectaron que el líquido potable de esas poblaciones mayas está contaminado con materia fecal de cerdos, pero no de humanos ni de animales silvestres.

“Hablamos de riesgos para niñas, niños y adultos mayores”, advirtió la activista y abogada, Lourdes Medina Carrillo, al igual residentes señalaron la operación de los criaderos en Yucatán, cuyos desperdicios amenazan la saludy el medio ambiente de sus comunidades.

En un acto público, Medina Carrillo recordó que en 2023 autoridades como la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) reconocieron la existencia de más de 500 granjas porcinas en la entidad, de las cuales menos de 10 cuentan con autorización de impacto ambiental para operar.

De acuerdo con la ambientalista, los vecinos de las productoras porcinas ilegales ya no quieren más diagnósticos y estudios, “sólo piden la intervención de las autoridades federales como la Profepa y la Semarnat para detener la contaminación del agua potable y que se respeten las órdenes judiciales”.

En caso contrario, demandó que se apliquen sanciones penales contra los dueños de dichas empresas por desacatar esos ordenamientos.

Activistas y afectados recordaron que en 2020 se interpuso una primera denuncia regional contra los criaderos de cerdos; aunque la Semarnat sólo reconoció, en 2023, los problemas de contaminación al manto freático, y todo quedó en una documentación de daños y sin acciones legales específicas.

Se puso de ejemplo que en la comunidad de Santa María Chi la firma denominada Pecuaria Peninsular continúa operando a escasos metros de las viviendas, a pesar de que un juez federal ordenó en 2024 el cierre del sitio, relató Wilberth Nahuat Puc, representante vecinal.

Según Nahuat Puc, la Profepa ya sancionó a la compañía con penalidades administrativas y hasta le impuso una multa superior a 14 millones de pesos que, al parecer, no se ha liquidado. No obstante, mantiene operaciones sin hacer caso de las resoluciones federales.

Sobre este caso, ambientalistas y pobladores denunciaron que la contaminación afecta a alumnos de escuelas primarias y a los bebés, pues ha obligado a los padres a comprar garrafones incluso para bañar a los menores, porque el agua les provoca ronchas en la piel.

Además, el fétido olor impregna las viviendas e impide a sus moradores realizar sus actividades cotidianas. Asimismo, señalaron que han recibido amenazas contra quienes alzan la voz en defensa de su territorio.

Un caso es el de los apicultores de una cooperativa en Maxcanú, que perdieron en 2019 la certificación de su miel orgánica debido a la cercanía de las granjas: “esa pérdida nos ha costado casi un millón y medio de pesos, pero más allá del dinero, lo que está en riesgo es nuestra relación ancestral con las abejas y con la tierra”.

Con información de: La Jornada

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