Cuando los valores se ausentan de la vida pública aparecen de inmediato conductas contrarias a la ética, basadas en antivalores, las cuales cobran importancia en la vida política y en la gestión pública. Actitudes como el individualismo, la competencia o la acumulación de bienes materiales llevadas al extremo, contribuyen a la fragmentación y al desequilibrio del trabajo colectivo en las instituciones públicas.

Muchos son los escándalos por corrupción política en diferentes partes del mundo. En los últimos años, numerosos casos giran alrededor del financiamiento corrupto de partidos políticos y candidatos. En este aspecto, aunque existen las herramientas necesarias para que los gobiernos mermen el problema, por ejemplo, convirtiendo la recepción de donaciones anónimas en actos ilegales, la mayoría de los gobiernos no ha adoptado las salvaguardas necesarias. El hecho de que los partidos políticos acepten aportaciones privadas anónimas da pie a diversas cuestiones: ¿Quiénes son en realidad esos generosos donantes que otorgan millones de pesos en efectivo? ¿Cómo y qué clase de favores se cobran por depositar su dinero en las arcas de los partidos?

La persecución de las prácticas de corrupción política viene siendo tímida o débil ya que con frecuencia los protagonistas de la misma, son    de manera directa o indirecta, precisamente aquellos individuos en quienes la soberanía popular ha depositado su confianza para que administren el Estado, es decir, los mismos gobernantes los cuales se amparan en fueros o leyes especiales. La corrupción de cuello blanco despunta en personajes de gran cultura y renombrada distinción, influyentes en las instituciones, las cuales les garantizan su impedimento para procesarlos por sus dolosas actuaciones.

Existen servidores públicos que carecen de compromiso y espíritu de servicio que les motive a actuar al servicio de la sociedad. Max Weber decía que hay individuos que viven para la política y otros que viven de la política.

Parafraseando esta afirmación, es posible decir que en la administración pública hay individuos que viven para la administración y otros que viven de la administración, desafortunadamente éstos últimos son muy numerosos. Cuando se carece de principios que verdaderamente lleguen a las raíces del pensamiento a fin de generar una conducta íntegra es fácil caer en la práctica de contravalores y desviarse fácilmente de los deberes y obligaciones.

El sector privado no “canta mal las rancheras”, está involucrado en la mayoría de las situaciones de corrupción gubernamental y las variedades con que se presenta tienen repercusiones dañinas diferentes. Esta situación es permitida por los gobiernos sobre todo porque éstos aportan recursos para el financiamiento de las campañas electorales. De esta manera, los empresarios sobornan a funcionarios para obtener contratos y en algunos casos, cuando se han descubierto dichos actos han salido a la luz episodios vergonzosos en los que altos funcionarios han ido a prisión por recibir sobornos mientras que quienes los sobornaron no fueron castigados e incluso resultaron exentos de impuestos.

En países donde la corrupción es mucha, los gobernantes y los altos cargos de la administración, bajo la idea de equiparar los sueldos a los del sector privado, además de aumentarse el sueldo y ganar en exceso, practican la corrupción enriqueciéndose así en corto plazo. Sin duda, muchos países en vías de desarrollo tienen funcionarios muy mal pagados que complementan sus ingresos con segundos trabajos u horas extras de forma totalmente lícita. Sin embargo, otros generan este ingreso adicional mediante prácticas corruptas. A pesar de esto, algunos estudiosos de la corrupción, como Rose- Ackerman, se empeñan en comparar los sueldos de los funcionarios públicos con los del sector privado afirmando que si los del sector público se elevaran al nivel de los del privado, la corrupción disminuiría.

Allí donde la administración pública está sujeta a los vaivenes políticos como resultado de elecciones o cambios en las designaciones políticas, se genera inseguridad en el personal. Ello implica, por un lado, que quienes aspiran a un cargo, una vez obtenido, lo vean como un negocio al que hay que explotar al máximo, preocupándose ante todo por hacerse un patrimonio y no por el bien de la comunidad. Por otro lado, existe una sumisión de los funcionarios ante los políticos debido al temor de ser despedidos por lo que se vuelven cómplices al participar en actos indebidos.

CD/JV