La separación de poderes es un principio legal y político, que en nuestro país no se cumple, en mi opinión, en algunos aspectos. Sobre todo, en lo que corresponde a la no injerencia del poder ejecutivo en el judicial. Se debe respetar la competencia y profesionalidad de los jueces, algo que no está sucediendo como se puede observar, si se consideran las declaraciones públicas de algunos dirigentes políticos, en relación con determinadas investigaciones judiciales, desde hace un tiempo en España. Lo que es evidente y no puede ser de otra manera, como es lógico, es que los indicios, testimonios, datos y pruebas estén en poder de los jueces, en los casos investigados y no tienen que revelarlos, de modo minucioso, a no ser que así lo consideren y en el momento procesal que estimen apropiado, de acuerdo con lo que establece el ordenamiento legal vigente. No se debe desacreditar a los magistrados o jueces, para evitar posibles sentencias condenatorias por irregularidades o delitos. Y es algo que está ocurriendo. Los que juzgan son los jueces y no los políticos.

El Gobierno actual, en mi opinión, y en la de muchos periodistas y ciudadanos está queriendo dictar lo que tienen que hacer algunos jueces del Supremo o de otros tribunales, algo que no puede ser en una democracia, que es un Estado de Derecho. El caso del fiscal general del Estado que está siendo investigado y que ya ha sido imputado está sometido a la presión continua del ejecutivo socialista, para que el juez del Supremo se ajuste a lo que expresan algunos dirigentes políticos que ya afirman taxativamente, que no ha cometido ninguna irregularidad ni delito y que no hay indicios, datos ni pruebas en su contra y que, por tanto, es inocente. La presunción de inocencia es un principio básico en el ámbito jurídico español. No se acaba el mundo ni desaparece el partido socialista del panorama político, porque se demuestre que ha habido irregularidades o revelación de secretos que es un delito, por parte del fiscal general del Estado. En relación con los dos casos referidos al hermano de Pedro Sánchez y a su esposa sucede lo mismo, los jueces tienen que seguir investigando y tomarán las decisiones que correspondan, de acuerdo con las leyes vigentes en España. Considerando datos, declaraciones, testimonios, documentos y hechos verificados, que es lo característico de los procedimientos de investigación judicial, en cualquier país democrático. En algunos medios televisivos como en el telediario de la noche de Antena 3 con Vicente Vallés se dice abiertamente que hay acoso a los jueces, por parte del Gobierno. Ya que no se puede intentar condicionar o presionar a los jueces. La misma presidenta del Consejo General del Poder Judicial lo ha dicho hace meses.

Ninguna cúpula de ningún partido, aunque esté gobernando puede querer determinar el contenido de los autos de algunos jueces, en función de sus intereses políticos, y tampoco en lo referido a las sentencias judiciales, en su caso, y se está intentando de una forma evidente, que salta a la vista. La independencia judicial está por encima de las siglas de los partidos políticos. La imparcialidad en el ámbito judicial se respeta escrupulosamente y se ejerce en la labor de los magistrados. Además, los jueces en sus procesos de investigación, no tienen por qué divulgar todas las pruebas de las que disponen en el sumario, ni tampoco todos los indicios, datos y motivaciones antes de la celebración del juicio. La supuesta inocencia de los acusados se tiene presente ya en la presunción de inocencia y por eso se celebran los juicios, con todas las garantías procesales, en cuanto al derecho a la defensa de los imputados o acusados.

Felipe González ha expresado de forma pública, que considera que debería dimitir el fiscal general del Estado. Es un expresidente de España del partido socialista, que es uno de los grandes políticos de nuestra democracia. Al servicio del Gobierno estaba el fiscal general, en el período anterior a la democracia.

La negación de lo evidente no sirve en una sociedad digital como la actual y con tantos medios de comunicación e información, que son libres y expresan la verdad. Los propios ciudadanos disponen de medios informativos comprometidos con la verdad e independientes y de esta manera la tergiversación, las falsedades y las medias verdades son descubiertas. No sirve querer cambiar la realidad ni manipularla, ya que se impone por sí misma, con el tiempo y la investigación periodística y judicial. Los hechos y las pruebas hablan por sí solas, junto con los datos que sirven para confirmar lo sucedido. La máxima de in dubio pro reo es un principio que se cumple en los procesos judiciales. Por tanto, se debe confiar en la justicia y en los jueces, que son expertos en derecho y que interpretan las leyes, con criterios jurídicos absolutamente coherentes y argumentados. Las sentencias se argumentan minuciosamente y los sumarios son un ejemplo de rigor y precisión, respecto a numerosos aspectos de cada caso.

CD/YC