Un juez pidió a la Interpol detener a Walter Solís, exministro acusado de desvío de recursos y quien desde 2021 está refugiado en nuestro país

Un juez dictó prisión preventiva contra Walter Solís, exministro de Transporte en el mandato del expresidente Rafael Correa por el denominado Caso Reconstrucción de Manabí. Además, se pidió iniciar el proceso para la extradición de Solís, quien recibió en 2021 el estatus de refugiado en México.

El Juez de la Corte Nacional de Justicia aceptó el pedido de Fiscalía y dictó prisión preventiva para Walter Hipolito S., exministro de Transporte y Obras Públicas (MTOP). También dispuso que se oficie a la Interpol para su ubicación y captura (internacional), y que la Presidencia de la Corte Nacional inicie el proceso de extradición desde México, lugar donde se encuentra en calidad de “refugiado’”, informó la Fiscalía.

Aunque México otorgó el refugio a Solís en 2021, actualmente no se conoce el paradero del exfuncionario correísta.

La Fiscalía acusó a Solís y a otros cinco altos cargos de malversación de fondos, incluidos los exsubsecretarios de Obras Públicas, Franklin Bernal y Omar Chamarro, y el exdirector del Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP), informa la cadena de televisión Ecuavisa.

Asimismo, el juez dispuso que se oficie a la Interpol para la localización y captura internacional del exfuncionario del Gobierno de Rafael Correa y rdenó la retención, inmovilización y congelamiento de las cuentas e inversiones que los procesados mantengan en el sistema financiero nacional, así como la prohibición de enajenar bienes muebles e inmuebles, propiedad de los nuevos vinculados.

En el caso Reconstrucción de Manabí ya se encuentran procesados el exvicepresidente Jorge Glas; el exsecretario del Comité de la Reconstrucción Carlos Bernal y el exgerente de Ecuador Estratégico Pedro Ortiz. La detención de Glas la semana pasada cuando se encontraba en la Embajada de México en Quito ha provocado una ola de críticas a nivel interno e internacional.

CASO MANABI. Glas, Solís y otros desviaron 367 millones de dólares mediante la Ley de Solidaridad, que debían usarse en obras para los afectados por el terremoto.

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Con información de: Excélsior

CD/GL