México.- Diversas cooperativas ambientales y defensoras de derechos humanos saludaron el resolutivo de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) que frenó el proyecto en la laguna de Cuyutlán para la ampliación del Puerto de Manzanillo, Colima, debido a su impacto ambiental.

Las organizaciones exigieron la cancelación permanente del proyecto del Puerto Nuevo Manzanillo en la Laguna de Cuyutlán, ante la posibilidad de que la Administración del Sistema Portuario Nacional (Asipona), dependiente de la Secretaría de Marina, puede solicitar una nueva Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) en su modalidad Regional, que incorpore de manera integral la totalidad de las obras.

La construcción de un puerto en la Laguna de Cuyutlán no es social, económica ni ambientalmente viable, advirtieron las cooperativas de Apicultores, de Salineros, de Pescadoras, las redes Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes” (Red TDT) y Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería (REMA), entre otras.

También pidieron la derogación de los decretos presidenciales en la materia: Acuerdo por el que se delimita y determina el recinto portuario del Vaso II del Puerto Laguna de Cuyutlán, en Manzanillo, Colima, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de agosto de 2023; y el Decreto de habilitación del puerto de Laguna de Cuyutlán ubicado en el Municipio de Manzanillo, en el Estado de Colima, publicado en el DOF el 23 de noviembre de 2023.

Para las cooperativas, se debe reconocer a la Laguna de Cuyutlán como una solución basada en la naturaleza ante la triple crisis planetaria reconocida por la Naciones Unidas, es decir, por la pérdida de biodiversidad, cambio climático y contaminación tóxica. Para ello, consideraron que hay que impulsar un programa de conservación, restauración y desarrollo sostenible para las comunidades tradicionales, así como su uso como espacio de educación ambiental, adaptación y mitigación de los efectos negativos de esta crisis.

A la vez, ampliar el reconocimiento como sitio Ramsar (humedales designados de importancia internacional por sus valores ecológicos, de biodiversidad y para el sustento humano) a los vasos I y II, y realizar la consulta y creación de las áreas naturales protegidas terrestres, lagunares y marinas necesarias y actualmente en trámite.

Solicitaron poner en marcha políticas públicas, inversión y programas que apoyen de manera real y permanente a salineros, agricultores, apicultores, cooperativas pesqueras, iniciativas de ecoturismo, conservación y estudio y demás actividades comunitarias que dependen de la salud de la laguna.

Enfatizaron que no aceptarán que se venda como “progreso” o “desarrollo” la destrucción del ecosistema e hicieron un llamado a la población para mantenerse activa frente a un proyecto que “traería más destrucción, más contaminación y más problemas para Colima”.

Con información de: La Jornada

CD/AT