El debate sobre si la solicitud del Rector de la Universidad Veracruzana a la Junta de Gobierno para prorrogarse en el cargo por cuatro años más es legal o no, tiene cierta importancia, pero el asunto es de más fondo: si esa aspiración es legítima o no. Y no lo es.

Primero, porque no debería mediar una solicitud, sino que la Junta de Gobierno decidiría la prórroga en el caso de una Rectoría especialmente exitosa, y no es el caso, 
Segundo, porque hace cuatro años, cuando Martín se postuló y presentó su propuesta de trabajo, no le dijo a la comunidad universitaria, ni a la Junta, que su plan era de ocho años y que la segunda mitad iba a solicitarla por prórroga. Si ya lo tenía planeado desde entonces y no lo dijo, es u falsario; si no lo vio y ahora lo descubre, es un oportunista.

Tercero, por pensar que él es el único mortal que tiene la visión correcta sobre la UV, y de ahí que más vale que la Junta no escuche a otro(a)s que aspiren a la Rectoría. Mejor que le den la prórroga y todo está resuelto. Con su aspiración prorrogativa (sic) está negando la posible razón que le asista a otros, sin un mínimo debate. ¿No que mucha dialéctica?

Por otra parte, la máxima responsabilidad del Rector es preservar la estabilidad de la institución. Pero con una agresión así -porque lo es para el resto de aspirantes y para quienes no coinciden con él- está llamando a la confrontación. Ya se vislumbró algo en el Consejo Universitario del viernes 6. ¿En breve estaremos como en la Universidad Autónoma del Estado de México? ¿Es lo que se busca para minar la autonomía universitaria?

La autonomía universitaria se sustenta en una Junta de Gobierno autónoma, incluso del Rector, o no es autónoma. Si se le concediera el pase automático a Martín, la propia Junta pondría en bandeja de plata su cabeza. 

Se ve que en la Junta de Gobierno flotan algunas inquietudes similares a las mencionadas y de ahí que para decidir lo de la prórroga se le haya requerido información al Rector y se haya llamado a parte de la comunidad universitaria a una consulta; sólo a una parte, porque sin cuenta institucional no se puede participar en la consulta, y la comunidad universitaria es más grande que quienes actualmente laboran o estudian en la UV. Además, en la solicitud para participar en la consulta se citan sin contexto las normas favorables a la prórroga, y no se enumeran las que están en contra.

Al final, resultará fácil esgrimir cifras apabullantes del acarreo institucional, contra las razones de quienes argumenten razonablemente en contra, y así se escribirá un episodio más del mayoriteo vergonzante.

*Investigador y exintegrante de la Junta de Gobierno de la UV

CD/GU