Los 210 alcaldes que entrarán en funciones  en ocho días, el 1 de enero, aparte de la responsabilidad por la que protestarán cumplir y hacer cumplir la ley, se llevarán grandes sorpresas, pues en la gran mayoría de las administraciones salientes, existen graves problemas financieros derivados de los malos manejos de los que se van.

Hasta ahora, se han anulado dos elecciones, la de Chiconamel y Jesús Carranza, por lo tanto, serán 2010 ediles los que entrarán en funciones junto con sus cabildos y que tendrán la facultad y deber legal de denunciar las irregularidades de sus antecesores.

Los problemas más comunes, son que buena parte de los alcaldes salientes tienen deudas con proveedores, no pagaron las prestaciones de fin de año, de manera deliberada dejan expedientes laborales y otros engrosan las listas de personal sindicalizado con nuevas plazas y dejan endeudado al municipio.

Por si fuera poco, por ley, los alcaldes salientes debieron entregar su plan de obras desde octubre, es decir, dejan programado buena parte de los recursos del primer año de la nueva administración. 

En el último reporte de la Cuenta Pública 2020, todos los alcaldes salientes salieron con observaciones y más de la mitad, tampoco han solventado su Cuenta Pública 2018 y 2019, y todavía les falta la 2021.

Ahora, lo nuevos ediles se encontrarán con las arcas vacías, deudas y conflictos legales en sus primeros días de gobierno, algunos que no tienen experiencias, caerán en errores involuntarios que podrían traerles consecuencias legales, sin deberla ni temerla.

Sin importar colores, en esa circunstancia se encuentran los 19 alcaldes del PAN, los 27 del PRI, 15 del PRD, 31 del PVEM, 16 del PT, 17 de MC, 57 de MORENA, cuatro  de Todos por Veracruz, seis de Podemos, uno Cardenista, 5 de Unidad Ciudadana, dos del PES, seis de RSP y seis de Fuerza por México, sin los dos anulados.

 Miden fuerzas

Con el respaldo político del Presidente, el gobernador de Veracruz, recibe un aliento tras la andanada de los senadores, Ricardo Monreal y Dante Delgado que de manera pública descalificaron la detención de José Manuel del Río Virgen, el pasado miércoles, lo mismo hizo la senadora, Olga Sánchez Cordero, así como del priísta, Miguel Angel Osorio Chong, éstos últimos en sus cuentas de twitter pidieron también trato justo al secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, además del Presidente de la Cámara de Diputados, el morenista, Sergio Gutiérrez Luna.

En su mañanera de este jueves, el Presidente dijo confiar en que el Gobernador Cuitláhuac García sería incapaz de cometer una injusticia, sin embargo, desde el Senado se anunció la creación de una Comisión Especial Plural para que se investiguen los presunto abusos de autoridad en el gobierno de Veracruz.

Pese a la postura del Presidente respecto al caso de Veracruz, es una realidad que el conflicto legal y político de la detención de un funcionario del Senado de la República, por el presunto delito de homicidio doloso, se tendrá que resolver con estricto apego a la ley y en caso de ser culpable, se le aplicará todo el peso de la ley, de lo contrario, la Fiscalía General del Estado de Veracruz, estará obligada a ofrecer una disculpa pública.

Y mientras se procede en lo legal, el conflicto se mantendrá en lo público desde los medios de comunicación, que difunden con interés los posicionamientos de ambos bandos de políticos que militan en el mismo partido y que se encuentran encumbrados en el poder en distintas esferas.

CD/YC