El próximo 15 de octubre, se conmemora el día internacional de las mujeres rurales; esta fecha fue instituida por la Asamblea General de dicho organismo internacional el 18 de diciembre de 2007, por lo que, su primera conmemoración tuvo lugar en 2008.

Su principal propósito es reconocer la contribución de las mujeres rurales en el desarrollo agrícola, la mejora de la seguridad alimentaria y la erradicación de la pobreza en zonas no urbanas, además de instar a los Estados miembros a implementar políticas públicas en beneficio de este sector de la población.

De acuerdo con datos de la ONU, las mujeres representan el 43% de la fuerza laboral agrícola en los países en vías de desarrollo, no obstante, enfrentan mayor discriminación por cuestiones de género, situación que impacta negativamente en las remuneraciones económicas que perciben por su trabajo, así como en un acceso desigual a la propiedad de la tierra.

Con base en datos de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica realizada por el INEGI en 2018, en nuestro país 14.7 millones de mujeres viven en localidades rurales, lo cual representa el 22.7% del total de la población femenina.

Asimismo, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2019, señala que, sólo el 35.6% de las mujeres de 15 a 64 años que habitan en estas zonas tienen un empleo remunerado, frente al 50.2% que vive en localidades urbanas.

Dentro de los principales trabajos no remunerados se encuentran: los quehaceres domésticos, el cuidado de personas y el acarreo de leña y agua para sus hogares; la vida de la población femenina en el campo es más difícil que en la ciudad, pues los índices de desigualdad y discriminación tienden a acentuarse.

De acuerdo con datos del CONEVAL, en 2018 la pobreza en zonas rurales ascendió al 55.3%, mientras que en el entorno urbano fue de 37.6%; lamentablemente como consecuencia de la pandemia por Covid-19, las brechas estructurales han ido en aumento.

La marginación rural se debe en gran medida a la falta de infraestructura e inversión, situación que propicia la falta de oportunidades; ante este escenario la implementación de políticas públicas con perspectiva de género es una tarea urgente para detonar el desarrollo económico y social de este grupo poblacional que enfrenta mayores condiciones de vulnerabilidad.

Sin duda, las mujeres desempeñan un papel fundamental en nuestra sociedad como promotoras del desarrollo del campo; su trabajo además de ser reconocido debe ser justamente remunerado en aras de lograr equidad y generar las condiciones necesarias que les garanticen una mejor calidad de vida.

La igualdad de género es el gran reto a alcanzar en todas las zonas y sectores de la población, pues además de ser un elemento central para lograr el desarrollo económico y social, es un derecho fundamental, imprescindible para la construcción de sociedades más justas, prósperas e incluyentes.

CD/GL