Llevamos varios años inmersos en el debate sobre la militarización del país, que es el sello de la gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ha sido un tema que ha marcado las discusiones públicas y los desencuentros, pues contrario a lo que fue su oferta como opositor de que regresaría a los soldados y marinos a los cuarteles apenas asumiera la titularidad del gobierno de la república, el mandatario hizo exactamente lo contrario: amplió la presencia y ámbito de acción de los militares, les encomendó nuevas tareas como constructores de obras y operadores de tareas gubernamentales, entre otras el control de los puertos y las aduanas, y, desde luego, transfirió enormes cantidades del presupuesto a las fuerzas armadas.

En el campo del combate a la inseguridad y en la cruzada contra el narcotráfico la participación militar ha sido ostensible, vistosa, polémica y con percepciones variadas sobre su efectividad.

Para observadores y asociaciones defensoras de los derechos humanos su actuación se juzga como "un fracaso y un riesgo para la democracia", tal y como lo señalaron en una audiencia celebrada en octubre del 2022 en el marco del 185 Período de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde 26 organizaciones de la sociedad civil expresaron sus preocupaciones ante lo que ocurre en el país con la entrega de funciones de seguridad pública a las Fuerzas Armadas de México, que operan bajo el mando de la Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA).

En ese foro se advirtió que las fuerzas armadas y la Guardia Nacional han acumulado miles de quejas de violaciones a los derechos humanos y que ha sido notable la resistencia de las fuerzas castrenses a la rendición de cuentas.

El año pasado, en el mes de abril, el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas presentó su informe sobre la situación en México en ese sensible tema y sus conclusiones fueron demoledoras: la impunidad y la violación a los derechos humanos es la norma en nuestro país, donde existe colusión de servidores públicos con el crimen organizado y que "dejar la estrategia de seguridad pública en manos de los militares solo ha agravado el problema".

El enojo presidencial no se hizo esperar y acusó que este Comité no actuó con apego a la verdad, ya que –dijo AMLO- en México el Ejército ya no se usa para reprimir, desaparecer a personas o para matar heridos, y que los integrantes del Comité, "no vieron nada de los abusos y crímenes de Estado" que se cometían en el periodo neoliberal.

Esa ha sido invariablemente la postura presidencial, la defensa a ultranza de la actuación de las fuerzas armadas. La fe del mandatario en los militares rebasa con mucho la confianza que tiene a cualquier otra institución gubernamental o agrupación de la sociedad civil. Su mandato será recordado justamente por la creciente militarización del país.

Ese es el sustento de la creación de la Guardia Nacional en 2019 que entra en reemplazo de la Policía Federal como el principal cuerpo policial de seguridad pública a nivel nacional. Desde su inicio el estado de fuerza de la Guardia Nacional estuvo compuesto por miembros de la Policía Federal, así como por elementos de la SEDENA y de la Secretaría de Marina. Pese a que la gran mayoría de sus más de cien mil miembros son militares, se insistió en que era un ente civil, aunque era sabido, y ello se corroboró con el intento de adscribirla a la Secretaría de la Defensa Nacional, a contrapelo de lo que dispone la Constitución, que sus mandos, cuerpos de tarea y toda su estructura estaban en manos del Ejército Mexicano.

Ahora, a los planes presidenciales se le atravesó el Poder Judicial y la Suprema Corte de Justicia de la Nación con el voto de ocho de los once ministros declaró la invalidez de un paquete de artículos de la Ley de la Guardia Nacional que establecen la adscripción de ésta a la Secretaría de la Defensa Nacional, lo que constituía un "fraude a la Constitución", por lo que debe respetarse el mandato que obliga a que la Guardia Nacional se adscriba a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Un fallo celebrado porque reivindica la existencia de contrapesos entre los poderes públicos.

Ante este fallo de la Corte, el presidente de México sufre una fuerte derrota. Y con este tropezón o derrota legal –que será por ahora, dice el mandatario, porque anunció que, en septiembre del 2024, a un mes de entregar el poder, -tozudo como es- volverá a enviar una iniciativa de reforma constitucional en el mismo sentido de que la Guardia Nacional pertenezca a la Sedena- se actualiza la pregunta que nos hacemos muchos mexicanos: ¿Ha servido la militarización para reducir la inseguridad y combatir al crimen?

Porque el fondo del debate y lo que se cuestionan muchos es si vale la pena el riesgo de seguirle dando poder al Ejército. Porque está demostrado que cuando las tareas de seguridad dependen de militares, al no contar con esquemas de revisión y no llevar juicios civiles por su fuero militar, son más proclives a abusar de los derechos humanos.

El modelo del presidente López Obrador de otorgar cada vez más funciones civiles, presupuesto y poder a las instituciones militares, sobre todo a la SEDENA, puede resultar contraproducente. Nadie pone en duda que la disciplina y lealtad de los elementos de las fuerzas armadas a los gobiernos constitucionales ha quedado demostrado históricamente, al menos en el último siglo, o que el carácter popular de la institución armada le granjea grandes simpatías entre la gente, pero no hay nada escrito en piedra respecto a las tentaciones que da el poder sin control.

Debemos recordar que "en el arca abierta, el justo peca", y tanto poder y tanto dinero, sin rendición de cuentas a los altos mandos militares no augura nada bueno.

Véase si no lo revelado respecto a los viajes al extranjero, a verdadero cuerpo de rey, de la familia y amigos del general secretario de la defensa, Luis Cresencio Sandoval, en vacaciones a todo lujo, con ayudantes y escoltas incluidos, que nada le piden a las que se procuraban los hijos o familiares de políticos del pasado inmediato, todo con cargo al presupuesto público. Vida de jeques de tiempos del odiado neoliberalismo que ahora se documentan en la época de la 4T, teniendo como protagonista, nada menos que al titular de la SEDENA.

Como he apuntado en anteriores colaboraciones, la pregunta que queda en el aire es qué gobierno futuro o qué mandatario se atreverá a retirar todas las prebendas que han recibido los militares del gobierno federal en los últimos años. Ese es sin duda el legado envenenado de López Obrador a quien le suceda al frente del gobierno. Sacaron al tigre de la jaula, lo alimentaron sobradamente y dejaron a sus anchas, ahora el problema es quién será el valiente que lo vuelva a meter.

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