Con el propósito de abrir espacio a las ideas y escuchar a todas las voces, el grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano en el Senado de la República, encabezados por el senador Clemente Castañeda, llevaron a cabo un parlamento abierto sobre la regresiva reforma a la Ley de Amparo de Morena.

Movimiento Ciudadano ha promovido en esta y otras reformas los parlamentos abiertos para escuchar a voces expertas de la academia y la sociedad civil, porque estamos convencidos de que cuando se tienen reformas de gran calado no se pueden legislar al vapor, en fast track y sin escuchar a todas las voces. Nosotros creemos que deben construirse con apertura, pluralidad, reflexión y con propuestas puntuales que fortalezcan la protección de los derechos de todas y todos los mexicanos.

Para entender la Ley de Amparo en nuestro país, es necesario recordarle a la ciudadanía el papel crucial que tiene en la protección de los derechos fundamentales de todas las personas. El juicio de amparo es un mecanismo legal que le permite a cualquier persona recurrir a un juez para impugnar actos de autoridades que vulneren sus derechos humanos. Es, en palabras sencillas, la última instancia que tiene la gente frente al poder del Estado.

La nueva iniciativa de Morena presenta retrocesos preocupantes en la protección de los derechos de las personas, parece más una Ley de “desamparo”. En Movimiento Ciudadano nos preocupan tres aspectos fundamentales:

1. Limitación del interés legítimo. Porque ahora el Gobierno pedirá demostrar legitimidad: solo se podrá acceder a un amparo si hay afectación directa. Esta fue una conquista de los movimientos sociales. Podría impedir que asociaciones, colectivos o gente sin un daño directo o ya definido interpongan amparos.
2. Las suspensiones temporales. Con requisitos que hacen imposible que los actos de autoridad se suspendan. Inclusive, los actos de autoridad seguirían produciendo efectos mientras se revisa su constitucionalidad.
3. Las sentencias. Da pie a que, si el gobierno no tiene posibilidad de cumplir, no tiene por qué cumplir.

Como si no fuera suficiente con lo que ya se ha hecho al Poder Judicial, al vulnerar su autonomía y permitir que centralice más el poder; y al Poder Legislativo, con la imposición de una mayoría inflada por la sobrerrepresentación, la reforma podría permitir que el Ejecutivo y el Congreso modifiquen normas constitucionales sin un control judicial efectivo.

La Ley intenta potenciar todavía más la prisión preventiva oficiosa, a la que también Movimiento Ciudadano se ha pronunciado en contra por considerarla un golpe artero a los derechos humanos de las personas al atentar contra la presunción de inocencia de las y los ciudadanos.

Movimiento Ciudadano, una vez que finalice el parlamento abierto al que ha convocado, traducirá las conclusiones en propuestas de modificación específicas que incluirán las voces de las y los expertos en la materia, así como de las organizaciones de la sociedad civil, con el objetivo de evitar un retroceso en una herramienta de defensa que se ha ganado por derecho propio. Con esta reforma se busca echar para atrás uno de los pocos instrumentos que garantizan la protección de los derechos humanos. Limitar su alcance, condenaría a las personas más vulnerables a nunca alcanzar justicia.

Y hablando de justicia y derechos humanos, y como atento recordatorio a la presidenta Claudia Sheinbaum que desde agosto anunció, “ya vamos a publicar” la reforma constitucional del salario digno para maestras, médicos, policías, enfermeras, enfermeros y soldados; le informo que no se ha hecho la declaratoria todavía, y seguimos esperando.

*Agustín Torres Delgado,
Secretario General de Acuerdos
Movimiento Ciudadano

CD/YC