Faltan poco más de veinte días para el arranque formal de las campañas a las presidencias municipales, las 212 posiciones más codiciadas de los mil 54 puestos que estarán en disputa en un lapso oficial de 30 días.

La agenda anterior al proselitismo oficial, porque las campañas de facto empezaron el lunes 03 de junio del año pasado, ha estado marcada y dominada por las denuncias de los partidos políticos ─incluido Morena, en el caso Cosoleacaque donde se bajó Elvia Merlín Castro─ respecto a la inestabilidad política generada por la irrupción de la violencia electoral, provocada por los poderes facticos, léase delincuencia común u organizada.

La agenda pública marcada por la violencia pre electoral.

En campechanismo retórico, podría citarse la historia de un gringo que se metió a una milpa y se topó con un panal de abejas africanizadas que lo mandaron al hospital.

Cuando recobró la conciencia, el gringo preguntó qué había pasado.

─fue la avispa─ le dice el ranchero dueño del sembradío que lo había invitado a un día de campo.

─Si eso fue la víspera, que será el mero día─ respondió el gringo con ironía simplista e inocente, propia de su cultura.

Cabe esta historia de la picaresca mexicana para ejemplificar lo que sucede en el estado de Veracruz.

Luis Carbonell de la Hoz, dirigente del Movimiento Ciudadano en Veracruz acusa que al menos diez de sus candidatos han sido amenazados, de esa cifra, la mitad de aspirantes se bajaron de la contienda.

Carbonell de la Hoz, lamentó que «ser candidatos sea una cuestión compleja, luchan cuesta arriba; hoy hay amenazas para nuestros candidatos, pero lo que yo les digo es que tenemos que seguir trabajando», aun con el riesgo de hacer campañas entre balas.

Antes, en la cronología político-electoral, el domingo 23 de marzo Anell Acevedo Castellanos, virtual candidata a la alcaldía de La Antigua, siglada por el Partido del Trabajo, hizo pública su renuncia a la candidatura en el blindaje y visibilización que dan las redes sociales, bajo el argumento que personas desconocidas la amenazaron con hacerle daño a su familia.

El estado no se ha hecho presente. Nada ha pasado en la tutela de sus derechos políticos, mucho menos en el resguardo de su vida.

La madrugada del 1 de abril se registró el atentado contra el vehículo ─su camioneta fue baleada y quemada─ del aspirante a la presidencia municipal de Mixtla de Altamirano, Crispín Hernández Sánchez, quien acusó de inmediato el mensaje y renunció a la candidatura del PT en ese municipio serrano.

El jueves 3 de abril, Elvia Merlín Castro, depositaria de una estirpe caciquil en Cosoleacaque, anunció, en el colmo de la paradoja política, que renunciaba a la candidatura de Morena a la alcaldía de su municipio, ante la falta de garantías de seguridad para participar en la contienda.

Una candidata emergida del cacicazgo, investida con el chaleco magenta de la cuatrote, dando un paso de costado ante la inseguridad en su territorio otrora controlado por su padre, Heliodoro Merlín Alor, quien hizo del cacicazgo regional una patente de corso para imponer alcaldes, delegados, funcionarios, tesoreros, jefes de jurisdicciones sanitarias y hasta personal de limpieza en los palacios municipales.

Inverosímil pero cierto en estos tiempos de la cuatrote.

Según recuento de La Silla Rota Veracruz, el Partido Acción Nacional, cuyo dirigente estatal, Federico Salomón Molina, denunció inestabilidad provocada por la violencia en al menos diez municipios, entre los que destacó Tamiahua, Cazones de Herrera y Playa Vicente.

En este contexto violento, se dio la renuncia de Iván López, virtual candidato a la alcaldía de Cosautlán de Carvajal, quien notificó a la dirigencia del PAN, que no contenderá a la alcaldía del municipio, pues no estaban dadas las condiciones de seguridad.

«Nos sumamos a cualquier tipo de exhorto para que haya seguridad (…) Lo que estamos viendo es que en el estado de Veracruz el tema de inseguridad sí es un elemento muy fuerte. No sólo es pedir seguridad para los candidatos, sino pedir seguridad para los ciudadanos», declaró Salomón Molina en el entendido axiológico que los candidatos y candidatas, antes de alcanzar ese estatus, tienen ciudadanía.

Vicente Aguilar, dirigente del Partido del Trabajo dijo la semana pasada en una entrevista radiofónica para Avanradio que firmar pactos de civilidad bajo el concurso de la autoridad electoral y la presencia de la Secretaría de Seguridad Pública y Fiscalía General del Estado es una especie de normativa moral verbi gratia como asistir o no a misa, acción u omisión que se circunscribe en la voluntad del individuo.

El dirigente petista tiene razón al invocar que la obligación primaria del Gobierno del Estado, léase SSP o «entes autónomos» como la fiscalía, es bridar seguridad a las personas (ciudadanos y candidatos) y a sus bienes muebles e inmuebles.

No hace falta la concurrencia de pactos preelectorales.

El supuesto es que una elección es una fiesta de la democracia organizada, operada y contada en los sufragios depositados en urna, por los ciudadanos que recogen la expresión de otros ciudadanos identificados en como pueblo, que votan por un extracto del mismo pueblo en el proceso de ocupar mil 54 cargos de elección popular.

En política reactiva, el titular de la Secretaria de Gobierno, Ricardo Ahued Barhauil, rechazó que haya «focos rojos» que impidan el desarrollo de las campañas en los 212 municipios veracruzanos.

Dejó en claro que los candidatos tienen total certeza para participar en este proceso: «desde luego el Gobierno está atento para atender algún requerimiento del OPLE, del INE, en términos de alguna inquietud, algún temor que pudiera tener algún candidato, y nosotros estamos puestos a atenderles. Atendemos cada uno de los oficios, guardando también, desde luego, la secrecía de los candidatos, porque es un proceso electoral y también atenderemos uno y los que vengan para darles, desde luego, el acompañamiento necesario para la tranquilidad del proceso que cada uno tiene que ejercer».

La gobernadora Norma Rocío Nahle García dio repuesta en la conferencia de este lunes a la agenda marcada por la oposición respecto a la inseguridad denunciada por los dirigentes partidistas.

Informó que tras sostener una mesa de seguridad con autoridades de la Fiscalía General del Estado (FGE), se le notificó que las cinco solicitudes corresponden a aspirantes del partido Movimiento Ciudadano (MC).

«Tenemos, hasta el momento, cinco reportes ante el OPLE y la Fiscalía. Las cinco solicitudes son de candidatos de Movimiento Ciudadano, en los municipios de Rodríguez Clara, Acayucan, Isla, Pueblo Viejo y Misantla», respondió Nahle.

Hizo un llamado a presentar las denuncias correspondientes en barandilla judicial.

También aludió a los tintes políticos en estas denuncias presentadas en las redes sociales.

Puede ser.

Aquí lo más importante es que la sangre no llegue al río como dice la frase hecha.

Que Veracruz no punteé en las estadísticas de violencia electoral.

Data Cívica presenta una radiografía de la violencia política en este país.

«De 2018 al 27 de marzo de 2025 se han registrado en México 2402 amenazas, asesinatos, ataques armados, desapariciones y secuestros en contra de personas que se desempeñan en el ámbito político, gubernamental o contra instalaciones de gobierno o de partidos políticos por parte de grupos de la delincuencia organizada, que ocurren antes, durante y después de procesos electorales. A este tipo de violencia la denominamos violencia político-criminal. En México, esta violencia se ha convertido en una herramienta del crimen organizado para influir en la vida pública de estados y municipios».

En el periodo comprendido del 1 de enero de 2018 al 27 de marzo de 2025, el número de víctimas mortales de la violencia político-criminal alcanza a 16 candidatos, 15 familiares y 10 integrantes de partidos políticos, en territorio veracruzano.

El estudio votar entre balas compila en Veracruz «110 víctimas de Asesinato, Amenaza, Secuestro, Ataque armado, Desaparición, Atentado a Autoridades de elección popular, Candidatas(os), Integrantes de partido, Familiares del 1 de enero de 2018 al 27 de marzo de 2025, que agrupa 8.91% de las víctimas en el país».

Que los números no sigan in crescendo es la esperanza de candidatos y candidatas.

Que el miedo no cabalgue en los municipios veracruzanos, confían los ciudadanos.

Que el gobierno haga su trabajo preventivo, es la demanda colectiva de potenciales votantes y potenciales votados.

Que así sea.

columnacarpediem@gmail.com

CD/GL