Dentro del régimen democrático del país, la revocación de mandato constituye, sin duda, un gran avance en el reconocimiento de derechos humanos en materia política, en el control político de la ciudadanía hacia los gobernantes y de rendición de cuentas a partir de su desempeño.

De acuerdo con el trabajo “Implementación de la revocación de mandato en México”, se identifica que este mecanismo de participación ciudadana reconoce a la ciudadanía como fuente de la soberanía popular, permite que la sociedad influya en sus representantes y motiva a un mayor compromiso de las autoridades a cumplir con sus promesas.

El documento advierte también que la revocación de mandato es un mecanismo complejo en su implementación y que puede estar sujeto a ciertas problemáticas como generar polarización en la sociedad.

Con la reforma constitucional no sólo se incorporó la revocación del mandato para el presidente de la República, sino también para las personas titulares de las gubernaturas y la jefatura de gobierno de la Ciudad de México.

En ese sentido, el estudio llama la atención sobre el hecho de que, a poco más de 12 meses de haber entrado en vigor la reforma constitucional en materia de revocación de mandato, 14 entidades federativas ya reconocen en sus constituciones locales la revocación de mandato como un mecanismo democrático de participación directa, faltando aún 18 estados por cumplir con su armonización legal.

Las constituciones de los estados de Zacatecas, Oaxaca, Guerrero, y Aguascalientes, fueron las primeras en establecer la revocación del mandato como un mecanismo de participación ciudadana.

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