La pata que le falta a la silla en el informe del Comité de Expertos de la ONU, probablemente, es no haber diferenciado la Desaparición forzada con la Desaparición Cometida por Particulares.

La Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, en su artículo 34 indica: “Incurre en el delito de desaparición cometida por particulares quien prive de la libertad a una persona con la finalidad de ocultar a la víctima o su suerte o paradero. A quien cometa este delito se le impondrá pena de veinticinco a cincuenta años de prisión y de cuatro mil a ocho mil días multa”. El anterior precepto legal es, posiblemente, la pata que le falta al informe al Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición. Pues en su evaluación no abunda en el papel preponderante de la actividad de las organizaciones criminales, que en los últimos años han cometido desapariciones de personas.

En el posicionamiento, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (México) disiente de las resoluciones a las que llegó el Comité de la Organización de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada. Pues, no obstante que el CED reconoce la actividad que tienen las organizaciones criminales en la comisión de las desapariciones cometidas por particulares, “no lleva más allá dicha perspectiva y evita así realizar una crítica a las dinámicas regionales y globales”.

Ahora, se debe observar que en la captura de importantes jefes de organizaciones criminales, incluso los que se han extraditado, no se les ha hecho señalamientos específicos por el delito grave de Desaparición Hecha por Particulares. Algo que pudiera destacarse en las carpetas de investigación para que el grupo del CED, al tener acceso, pudiera percatarse de las acciones que el Estado realiza para encontrar a los culpables por Desaparición cometida por Particulares.

El informe del CED no se puede calificar de “sesgado”, pues el objetivo de la comisión no es afectar a determinado país, sino ayudar y aconsejar para corregir yerros en la protección de Derechos Humanos.

No obstante, en los comentarios vertidos en la página oficial de la Organización de Naciones Unidas se reconoce que el Comité tomó nota de la postura de México de que muchas desapariciones en el país son perpetradas por grupos delictivos y no por agentes del Estado y, por lo tanto, no deben clasificarse como desapariciones forzadas con arreglo al artículo 2 de la Convención.

CD/VC