En México ya no se combate el incendio educativo: ahora simplemente se apaga la alarma para que nadie escuche el humo.

La reciente decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de validar el Acuerdo 10/09/23 de la Secretaría de Educación Pública confirma algo profundamente preocupante: el gobierno federal ha decidido maquillar el fracaso educativo en lugar de enfrentarlo.

El acuerdo, vigente desde septiembre de 2023 y avalado por la Corte en mayo de 2026, elimina el requisito mínimo del 80% de asistencia para acreditar el ciclo escolar y permite que estudiantes de secundaria puedan pasar de grado aun con hasta cuatro materias reprobadas.

La ministra Lenia Batres Guadarrama, autora del proyecto aprobado, defendió la medida argumentando que el concepto de “excelencia educativa” no puede reducirse a calificaciones y asistencia. También sostuvo que el nuevo modelo favorece la permanencia de niñas, niños y adolescentes dentro del sistema educativo.

Y sí, claro que la permanencia importa. Nadie sensato desea una escuela expulsiva o elitista. Pero confundir inclusión con ausencia de exigencia es una trampa pedagógica peligrosa. Permanecer en la escuela no significa necesariamente aprender. Ahí está precisamente el problema que el gobierno parece empeñado en ignorar.

Mientras el discurso oficial presume “transformación educativa”, los datos internacionales muestran una realidad devastadora. Según los resultados más recientes del Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes (PISA) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, publicados en diciembre de 2023, el 66% de los estudiantes mexicanos no alcanzó el nivel básico en matemáticas. En lectura fue el 47% y en ciencias el 51%. México se ubicó muy por debajo del promedio de los países de la OCDE. Y no, eso no ocurrió porque los alumnos fueran demasiado evaluados; ocurrió porque el sistema educativo lleva años deteriorándose.

Sin embargo, en lugar de fortalecer contenidos, profesionalizar docentes, mejorar infraestructura o recuperar aprendizajes perdidos tras la pandemia, la solución institucional parece ser bajar la vara. Si el alumno no alcanza el estándar, entonces desaparezcamos el estándar. Problema resuelto.
Es imposible no preguntarse qué mensaje reciben hoy millones de estudiantes mexicanos: “No importa si faltas. No importa si repruebas. De cualquier manera vas a pasar”.

Y luego nos sorprenderemos cuando lleguen al bachillerato o a la universidad sin comprensión lectora, sin pensamiento lógico y sin herramientas mínimas para competir en un mundo profundamente tecnológico y globalizado.

La comparación con Finlandia, mencionada por Lenia Batres durante el debate, resulta particularmente desafortunada. Finlandia no construyó uno de los mejores sistemas educativos del mundo eliminando la exigencia académica. Lo hizo invirtiendo durante décadas en formación docente, autonomía escolar, lectura temprana, innovación pedagógica y alto compromiso social con la educación. La diferencia es brutal: allá flexibilizan porque ya construyeron calidad; aquí flexibilizamos porque renunciamos a ella.

Y mientras tanto, México enfrenta otro problema gravísimo: la politización educativa.

Los nuevos libros de texto gratuitos impulsados por la llamada Nueva Escuela Mexicana han sido cuestionados por especialistas, académicos y organizaciones civiles debido a errores conceptuales, falta de claridad pedagógica e incluso sesgos ideológicos. A eso se suma el debate reciente sobre reducir el calendario escolar y minimizar la importancia del último mes de clases, declaraciones que incluso provocaron críticas públicas hacia el actual titular de la SEP, Mario Delgado Carrillo.

Todo parece formar parte de una peligrosa narrativa donde la exigencia académica se presenta como opresión, la disciplina como autoritarismo y el mérito como privilegio.

Pero la realidad siempre termina cobrando factura.

Porque el alumno que hoy pasa con cuatro materias reprobadas será el adulto que mañana enfrentará un mercado laboral brutalmente competitivo. Será quien descubra que el mundo real no otorga certificados por buena intención. Y entonces ya será demasiado tarde.

La educación pública debería ser el gran mecanismo de movilidad social de un país. La herramienta que permita a un niño pobre aspirar a una vida mejor. Pero cuando el Estado renuncia a enseñar con calidad, en realidad condena a los más vulnerables a permanecer vulnerables.

La tragedia no es solamente educativa. También es ética.

Porque mientras el gobierno presume inclusión, lo que realmente está haciendo es administrar mediocridad.

Y quizá lo más doloroso es que millones de padres de familia sí entienden lo que está ocurriendo. Saben que sus hijos no necesitan menos exigencia: necesitan mejores maestros, mejores contenidos, más acompañamiento y más oportunidades reales de aprender.

Pero eso requiere trabajo serio, inversión y visión de largo plazo. Mucho más difícil que simplemente cambiar las reglas para aparentar que todo mejora.
En México no estamos resolviendo la crisis educativa.

Estamos maquillándola.

Comentarios: draclaudiaviveroslorenzo@gmail.com

CD/GL