***¿Qué es la corrupción? De acuerdo con el Programa Nacional de Combate a la Corrupción y a la Impunidad y de Mejora de la Gestión Pública 2019-2024, así como con el Código de Ética de la Administración Pública Federal, la corrupción es el abuso de cualquier posición de poder, público o privado, con el objetivo de generar un beneficio indebido a costa del bienestar colectivo o individual.
En términos más simples, la corrupción se asocia con la utilización de un cargo público o privado para lograr un beneficio, ya sea para uno mismo o para terceros.

Si el dinero que se ha presupuestado para que funcionen los servicios públicos o se construyan hospitales, escuelas o carreteras es utilizado para abultar la cuenta bancaria de una persona servidora pública o para financiar la campaña de una candidatura política, se frena el desarrollo nacional.

Cualquier persona servidora pública que, violando la ley, otorga una concesión indebida a otra persona a cambio de que ésta le dé dinero o le proporcione alguna prerrogativa, incurre en corrupción. Esta práctica, desde luego, involucra a dos partes: la persona servidora pública y el particular. “Tanto peca el que mata a la vaca, como el que le agarra la pata”, decían nuestras abuelas.

La corrupción daña la credibilidad de las instituciones públicas: “¿Para qué pago impuestos, si los políticos se los roban?”, piensan ciudadanas y ciudadanos. La corrupción degrada valores y bienes comunes: “¿Por qué debo ser honesto, como gobernador o como alcaldesa, si mis colegas ya se enriquecieron en su cargo y yo aún no?”.

Pero hay algo peor: La corrupción entorpece el desarrollo nacional por los altos costos sociales y económicos que ocasiona. La ciudadanía, que espera contar con un hospital, escuela o carretera, se queda sin bienes y servicios indispensables. Por otra parte, si un servicio público se concesiona a quien pagó una mordida y no a quien ganó una licitación apegada a la ley, el servicio acaba por ser defectuoso y la población ve reducido su nivel de vida.

CD/YC