Abr 09, 2023 / 10:00

La 4T y la disputas en el Poder Judicial

***Vargas reporta desde algunas playas del Golfo de México que no ha terminado el sexenio y la 4T deberá enfrentar más batallas con el Poder Judicial. De acuerdo con la agenda de la magistrada Janine M. Otálora, el siguiente 12 de abril el Pleno del Tribunal Electoral determinará si Mario Delgado y Citlalli Hernández deben dejar su cargo en la dirigencia de Morena, en agosto de este año.
Lo anterior se estableció en noviembre de 2020, cuando ambos fueron elegidos presidente y secretaria general de Morena. Sin embargo, en diciembre de 2022 el Consejo Nacional de Morena hizo una reforma estatutaria agregando un transitorio para que la actual dirigencia concluya en noviembre de 2024.
Trascendió al interior del CEN de Morena aseguraron a esta redacción que Mario Delgado Carrillo tiene un Plan B en caso de que el Tribunal Electoral desestime sus argumentos y revoque el acuerdo del Consejo Nacional de Morena, cuya presidencia hoy está en manos del gobernador Alfonso Durazo Montaño, un aliado de Delgado Carrillo.
El plan no es otro que llamar al propio Consejo Nacional de Morena y confirmar la extensión de mandato hasta 2024, sin más delación y evitando entrar en un proceso interno en el partido más importante para la 4T rumbo al proceso de selección del candidato presidencial. Aunque el entorno de Mario Delgado Carillo ve en esto una venganza.
Antes o después de que los magistrados se lanzaran contra la extensión de mandato de la dirigencia de Morena, en la Cámara de Diputados se discutió una reforma a las atribuciones del Tribunal Electoral en la que estuvieron de acuerdo los aliados a la 4T y las bancadas de PRI, PAN, PRD, salvo Movimiento Ciudadano.
La discusión se aplazó hasta el siguiente lunes 10 de abril, y el acuerdo para reducir las facultades de los magistrados electorales tiene un interés particular en cada partido. El priista Alito Moreno también quiere mantenerse más allá de agosto, mientras que el panista Marko Antonio Cortés Mendoza anticipa que debe contar con un candado para controlar el problemático proceso de su sucesor, sin que interfiera el Tribunal.

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