En la puesta en marcha de la reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF) no se consideraron medidas para incentivar el acceso como jueces, ministros o magistrados a integrantes de grupos vulnerables, como los pueblos indígenas y las mujeres, lo que se tradujo en actos de discriminación que serán denunciados ante las autoridades electorales. Juristas indígenas pidieron la aplicación de acciones afirmativas para garantizar que los profesionistas de pueblos originarios puedan ocupar puestos de juzgadores, especialmente en las localidades donde ellos comprenden mejor la cosmovisión, el idioma y los usos y costumbres de las comunidades. [JORNADA]