Xalapa, Ver.- La presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, Rosalba Hernández y Hernández, aseguró que sólo son suplencias las que efectúan en el Poder Judicial, en lo que asumen jueces que sustituirán a los que renunciaron o aquellos que por motivos de salud pidieron licencia.

En días recientes la nueva administración de Rosalba Hernández fue criticada por echar mano de exjueces del antiguo sistema judicial, como jueces interinos, en lo que son sustituidos los que renunciaron o regresan los que están enfermos.

Hernández y Hernández explicó que no se pueden dejar vacantes sin atender: “Tiene que nombrarse a una persona que sea titular, entonces no se puede dejar vacío el espacio. ¿Quién va a despachar, quién va a hacer las resoluciones? Necesariamente tiene que resolverse, es una cuestión netamente administrativa”.

Reconoció que actualmente hay varios casos de jueces interinos, entre ellos uno que enfrenta problemas de salud, lo que hace indispensable garantizar suplencias para que la justicia no se detenga.

Señaló que no ha recibido denuncias formales de trabajadores, pero sí se encuentra en un proceso de recepción de expedientes y de acomodo administrativo, derivado de adscripciones y reubicaciones de jueces y juezas.

“Yo creo que habrá que esperar al menos un mes para tener un panorama más claro”, puntualizó.

Rosalba Hernández agregó que hasta el momento no se han detectado irregularidades, aunque se mantiene abierta a que cualquier denuncia formal sea presentada para darle curso correspondiente.

La titular del TSJVER precisó que su tarea principal es garantizar que la ciudadanía tenga un acceso real y efectivo a la justicia. Enfatizó que uno de los sectores más vulnerables son las comunidades indígenas, donde se detectan personas privadas de la libertad sin que se les haya garantizado un debido proceso.

“Hay mucho indígena indefenso que está en las cárceles cumpliendo con las normas de la ley, pero sin que se haya llevado correctamente su proceso”, expuso.

Adelantó que se revisarán expedientes y se trabajará en la formación de intérpretes y traductores, en coordinación con instancias como la Fiscalía, Seguridad Pública, el Congreso del Estado, el INALI y el INPI.

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