Durante dos años, la magistrada electoral de Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Mónica Soto, no podrá desempeñar ningún cargo público dentro de la administración pública federal, en el Senado o en la Cámara de Diputados, porque incurre en un delito electoral, de acuerdo con la Ley General en Materia de Delitos Electorales.

Desde que la magistrada Mónica Soto anunció su renuncia, durante un evento público de magistrados electorales, y envió la carta de renuncia a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, se desató una ola de especulaciones sobre las razones de su salida, dado que no las expresó en la carta, y que se refieren a un posible puesto diplomático. [EXCÉLSIOR / p2]

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