Como era de esperarse los partidos de oposición a MORENA y hasta una de las ex candidatas de casa hacen fila en los tribunales para interponer los recursos que la legalidad les permite en contra del Organismo Público Local Electoral de José Alejandro Bonilla Bonilla, bajo la sospecha de una manipulación en la prelación de los 20 diputados locales de representación proporcional.

Al parecer es desde MORENA donde empezarán los reclamos y las denuncias, Marcela Josefina Barroso Aguilar, ex candidata, fue la primera en acudir al Tribunal Estatal Electoral, en el plazo de 72 horas que marca la ley, a denunciar los abusos del OPLE y de los dirigentes de MORENA, por impedir su ingreso como diputada plurinominal, que de acuerdo a los propios criterios del Reglamento de Elecciones le correspondía.

Y si hasta los de casa están inconformes, ni se diga los de enfrente. Movimiento Ciudadano reclama tres diputaciones locales en vez de dos; el PRI al parecer está conforme, según su dirigente Marlon Ramírez quien recibió su constancia de diputado pluri, las cosas se hicieron de manera correcta, aunque falta que Héctor Yunes Landa rompa su misterioso silencio y reclame su posición.

Mientras que Marcelo Ruiz Sánchez dirigente estatal del Partido Verde, mantiene la cordura, pero con firmeza prepara los recursos legales para la revisión de los criterios con los que asignaron las diputaciones de representación proporcional, toda vez que de acuerdo al articulo 151 del Reglamento de Elecciones, son los partidos con mayor porcentaje de votación los que deben pagar la cuota de género y no todos los partidos con representación en el Congreso.

El líder verde sostuvo que está a favor de que en la próxima Legislatura se reconozca a los derechos de las mujeres con equidad, paridad e inclusión, pero fue tajante en que se deben respetar las reglas del juego y no afectar a los partidos pequeños.

Revocación de mandato

Con 44 votos a favor y cero en contra, el Congreso Local, aprobó la iniciativa de reforma a la Constitución local, con la finalidad de incorporar la figura de Revocación de Mandato para el cargo de Gobernador del Estado de Veracruz, que no aplica al actual gobernador.

Y es que al momento de ser electo, el Gobernador tiene derechos adquiridos protegidos por la certeza y seguridad jurídica, por lo que someterlo a la revocación de mandato sería vulnerarle los mismos pues la Ley no debe tener efectos “retroactivos”.
Al tratarse de un procedimiento que deberá ser ampliado y estructurado en la legislación secundaria, el Congreso de Veracruz cuenta con 180 días posteriores a la entrada en vigor de esta reforma, para armonizar el marco normativo local.

Por tal motivo, dado que la actual administración estatal está por iniciar el último mes de su tercer año, por las razones antes descritas, se evidencia que los tiempos ya no cuadrarían.

CD/JV