Ciudad de México.- El Consorcio Mexicano de Hospitales que agrupa a 56 unidades en 27 estados de la República contará con medicamentos genéricos, a fin de mejorar los costos para sus pacientes y con la garantía de que son productos seguros, eficaces y de calidad. Para ello, el organismo inició una alianza con la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos (Amelaf).

Con este convenio, además de asegurar la calidad de los tratamientos, los hospitales privados ofrecerán capacitación continua al personal médico y administrativo sobre el uso correcto de los medicamentos genéricos. El objetivo es “derribar mitos y fortalecer la confianza del médico y el paciente” hacia estos productos, informaron los organismos.

Los medicamentos genéricos son aquellos que se fabrican una vez que concluyen los derechos de propiedad industrial de los productos innovadores. La autorización para su venta en el mercado nacional sólo es posible una vez que obtienen el registro sanitario que emite la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

Para ello, deben demostrar mediante pruebas de intercambiabilidad, que son equivalentes en calidad, eficacia y seguridad con respecto al innovador.

Una vez que lo acreditan, salen al mercado con precios más bajos, en ocasiones hasta en más de 60 por ciento.

La Amelaf celebró la alianza con el CMH y resaltó que es evidencia del potencial de la industria nacional para contribuir activamente al sistema de salud del país. El presidente ejecutivo de Amelaf, Juan de Villafranca, subrayó que esta colaboración reafirma el compromiso de los laboratorios y los hospitales privados de que “ningún paciente en México debe quedar excluido del acceso a medicamentos por razones económicas”.

Destacó que el acuerdo también es una forma de avanzar hacia una mayor soberanía sanitaria, pues “se reduce la dependencia de insumos importados y se prioriza la innovación nacional con enfoque social”.

Pablo Ricalde, director del CMH planteó que esta colaboración con Amelaf y la que se pueda establecer con el gobierno “debe convertirse en una política de Estado, donde prevalezca el bienestar del paciente por encima de cualquier interés comercial”.

Con información de: La Jornada

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