“La fortaleza de una economía no depende de mantener artificialmente bajos los precios, sino de contar con políticas capaces de amortiguar las crisis sin comprometer las finanzas públicas.”

Pensemos en cuánto cuesta transportar una tonelada de alimentos desde el campo hasta los mercados, o cuánto gasta diariamente un agricultor en combustible para operar su maquinaria. Aunque parecieran actividades distintas, ambas tienen algo en común: dependen del diésel, por lo cual cualquier incremento en su precio puede terminar afectando no solamente a las empresas, sino también a los consumidores, mediante aumentos en los precios de prácticamente todos los productos que adquirimos.

De acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), para la semana del 17 al 23 de octubre de 2026, el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) que efectivamente se cobrará por litro de gasolina Magna aumentará de 2.39 a 2.71 pesos, es decir, un incremento del 13.4%, mientras que para la Premium pasará de 1.62 a 1.91 pesos, aumentando 17.9%. Sin embargo, esto no significa necesariamente que el precio final de las gasolinas aumentará en la misma proporción, ya que intervienen otros factores como los precios internacionales, la logística y los márgenes de comercialización.

Ahora bien, mientras disminuyen los estímulos fiscales a las gasolinas, el gobierno federal mantiene una política distinta para el diésel, otorgándole por sexta semana consecutiva un estímulo del 100% del IEPS, equivalente a 7.36 pesos por litro, al cual se suma un apoyo complementario de 2.35 pesos, acumulando aproximadamente 9.72 pesos por litro. Es decir, Hacienda está utilizando parte de su capacidad fiscal para amortiguar los costos de uno de los combustibles más importantes para la producción nacional.

¿Cuánto representa esto en términos económicos? Pensemos en una empresa transportista que consume 10 mil litros de diésel semanalmente. El apoyo fiscal equivale a 97,200 pesos por semana, que podrían traducirse en aproximadamente 5.05 millones de pesos anuales, suponiendo que permaneciera constante durante 52 semanas y se trasladara íntegramente al costo del combustible. Evidentemente, es una estimación hipotética, ya que los estímulos se modifican periódicamente.

Para Veracruz, esta política resulta particularmente relevante por su actividad agrícola, ganadera, azucarera, industrial y portuaria, dado que una parte importante de estas actividades depende directamente del transporte y la maquinaria que utiliza diésel. Por ejemplo, un productor o empresa que utilice 50 mil litros mensuales estaría recibiendo un apoyo fiscal equivalente a 486 mil pesos durante un mes de cuatro semanas con el mismo estímulo, recursos que potencialmente contribuirían a mantener operaciones, empleo e inversión.

Sin embargo, debemos considerar la otra vertiente. Los estímulos fiscales también significan menores ingresos públicos. De acuerdo con cifras de Hacienda, la recaudación del IEPS a combustibles disminuyó 5% entre enero y agosto de 2026 respecto al mismo periodo del año anterior, mostrando que contener los precios tiene un costo presupuestario.

La decisión de recuperar parcialmente la recaudación en gasolinas y mantener apoyos extraordinarios al diésel tiene una lógica económica razonable, ya que busca proteger los sectores productivos con mayor capacidad de transmitir incrementos de costos al resto de la economía.

Sin duda, el verdadero beneficio de una política fiscal energética no está solamente en cuánto recauda el gobierno, sino en cuánto logra proteger la producción, el empleo y el poder adquisitivo de las familias mexicanas.

CD/AT