Ahora sí todos en el cierre final de la administración federal y estatal, la municipal hasta el siguiente año ya que son cuatro años de gobierno.

Algunos reacomodos se avecinan en los siguientes días, semanas o meses. Vienen los cumplimientos de compromisos.

Se esperan salidas de funcionarios para meterse de lleno en territorio, dejar el escritorio para empezar a trabajar para 2024 a ras de piso.

Unos servidores públicos se podrán esperar hasta el último día como marca la ley, aunque otros quieren vivir la experiencia de estar cerca con la ciudadanía, venir desde atrás y no esperar los tiempos electorales, cada quien con su librito.

Unos se aferran al poder y otros ya les come las ansias por estar en colonias, cerca de la gente.

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que los funcionarios que aspiren a la candidatura presidencial de Morena en las elecciones de 2024 deberán renunciar al cargo seis meses antes de la elección, por lo que será en diciembre del próximo año que tendrán que presentar su renuncia.

En conferencia de prensa matutina, el jefe del Ejecutivo federal preguntó a Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación (Segob), qué dice la ley sobre el tema.

“¿Cómo está eso?”, le pidió asesoría el presidente López Obrador al titular de Gobernación.
“Acorde a la Constitución”, respondió el secretario.
“¿Y qué dice la Constitución?”, le siguió cuestionando el Mandatario federal.
“Un año antes”, respondió López Hernández.
“Eso, un año antes. Si la elección va a ser en junio (de 2024), en junio del 23 (deberán de renunciar)”, dijo el primer mandatario.
“Seis meses, perdón”, corrigió el titular de Gobernación.

Los tiempos electorales que se avecinan en nuestro país ponen en la mesa de discusión diversos temas que surgen de las recientes experiencias vividas en los procesos electorales pasados, haciendo necesario retomar ciertas cuestiones que quedaron sin definición, es decir, que aún y cuando se trataron de contemplar en las reformas electorales, en la práctica fueron rebasadas por el actuar de los diversos sujetos que participan en la contienda electoral.

Tal circunstancia sucedió con la injerencia que los servidores públicos tuvieron en los procesos electorales, tomando en cuenta que desde el ejercicio del cargo público que les fue encomendado realizan actos que podrían aparentar ser parte del propio desempeño de sus labores, pero que, tienen repercusión en el proceso electoral.

La relevancia del tema radica en que desde ese desempeño o ejercicio cotidiano que se tiene como servidor público, se realizan actos que, cobijados en su esfera de acción como integrantes de alguno de los poderes de la federación, órganos descentralizados, autónomos, o bien, de los órganos político-administrativos, repercuten en la opinión pública e influyen en la toma de decisiones, esto es, mediante la transmisión de mensajes, propaganda, publicidad, etcétera que buscan ir sembrando en el potencial electorado información que será tomada en cuenta al momento de sufragar.

Así, las legislaciones electorales, concretamente la federal ha buscado blindar los principios rectores que se salvaguardan en los procesos electorales, principalmente por lo que hace a la imparcialidad, objetividad y equidad en la contienda, es decir, se ha buscado que los sujetos involucrados participen en igualdad de circunstancias sin la intervención de eventos ajenos que beneficien de manera indebida a alguno de ellos; sin embargo, muchos han sido testigos de cómo diversos funcionarios han colocado anuncios (pinta de bardas, lonas, espectaculares, etcétera), por toda la ciudad con la finalidad aparente de hacer llegar a la ciudadanía sus logros y cumplimiento de las metas que en su agenda pública inicialmente se fijaron cuando se postularon para un cargo de elección popular, o bien, fueron designados de manera directa.

CD/YC