En Veracruz, la fiscalización no es solo un ejercicio técnico; es un mensaje político. Así lo dejó claro la gobernadora de Veracruz, ingeniera Rocío Nahle García, al destacar públicamente el papel del Órgano de Fiscalización Superior del Estado (ORFIS) como el ente encargado de auditar y supervisar el gasto público de los 212 ayuntamientos, así como de los organismos autónomos y dependencias gubernamentales.

Al recibir el informe de labores 2025 de la titular del ORFIS, la Maestra Delia González Cobos, la mandataria envió una señal clara: en su administración no hay espacio para la opacidad ni para el uso discrecional de los recursos públicos. El acto, más allá del protocolo, marca una postura política firme en favor del orden, la legalidad y la disciplina financiera.

El mensaje se refuerza con el trabajo coordinado en la revisión de la Cuenta Pública junto con la Contraloría General del Estado, encabezada por el Maestro Ramón Santos, y con la Auditoría Superior de la Federación, representada en Veracruz por la Maestra Bárbara Galindo Ramos. La coordinación entre instancias estatales y federales no solo fortalece los procesos de fiscalización, sino que cierra filas contra la corrupción y la impunidad.

En un contexto donde la exigencia ciudadana por gobiernos transparentes es cada vez mayor, la gobernadora apuesta por convertir la rendición de cuentas en eje político de su gestión. La supervisión del gasto público se traduce así en gobernabilidad, confianza institucional y control político del ejercicio del poder.

Administrar con responsabilidad el patrimonio de las y los veracruzanos no es, en este escenario, una consigna retórica, sino una estrategia de gobierno. La fiscalización se convierte en instrumento político para ordenar, corregir y marcar límites claros a quienes manejan recursos públicos en Veracruz.

CD/GL