Durango, Dgo.- Durante el primer semestre de este 2026, la Fiscalía General del Estado de Durango abrió 14 carpetas de investigación por el delito de abigeato en el territorio estatal.

De acuerdo con las cifras oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en el total de los casos registrados no se registró violencia.

La estadística de la incidencia delictiva del fuero común señala que la mayor actividad de este delito se focalizó al inicio del año, registrando tres denuncias en enero y cuatro en febrero.

Posteriormente, el comportamiento mantuvo un ritmo constante de tres casos mensuales en marzo y abril, para después registrar una baja significativa en mayo —mes que cerró sin denuncias— y un ligero repunte en junio con un sólo caso.

De acuerdo con el informe del SESNSP que revela que las denuncias se distribuyeron únicamente en nueve municipios del estado, manteniéndose la mayoría de las demarcaciones libres de este delito durante los primeros seis meses del año.​

San Juan del Río encabezó la lista con tres investigaciones abiertas. Le siguen Santiago Papasquiaro, Súchil, Mapimí y Mezquital, con dos expedientes cada uno.

Por su parte, los municipios de Canatlán, Gómez Palacio y Tepehuanes reportaron una sola denuncia en el periodo evaluado. El año pasado se registraron 33 denuncias de robo de ganado distribuidas en 14 municipios del estado destacando Canatlán, Mezquital, Nombre de Dios y Santiago Papasquiaro.

El marco legal vigente en la entidad contempla sanciones para quien incurra en este delito. El artículo 202 del Código Penal del Estado de Durango tipifica el abigeato como el apoderamiento sin derecho ni consentimiento de ganado ajeno, estableciendo penas graduadas según la especie y el volumen del hato sustraído.

Para el caso de ganado mayor —que contempla especies como vacas, caballos, mulas o avestruces—, la sustracción de un ejemplar alcanza penas de dos a cinco años de prisión y multas de 144 a 360 Unidades de Medida y Actualización (UMA).

Si la cantidad oscila entre dos y 10 cabezas, la sanción privativa de la libertad incrementa de cuatro a nueve años, mientras que para un robo superior a los 10 animales, la pena puede ir de los seis hasta los 15 años de cárcel.

Asimismo, el artículo 204 del mismo ordenamiento regula la sustracción de ganado menor (asnos, ovejas, cabras o cerdos), fijando de uno a cinco años de prisión para casos que involucren de una a 10 cabezas, y de tres a ocho años de cárcel cuando el robo excede esa cantidad.

Con información de: La Jornada

CD/AT