¿Qué haría Rawls ante la crisis de la vivienda? Si John Rawls estuviera vivo y analizara actualmente el problema de la vivienda en España, probablemente no partiría de esta pregunta: ¿cómo conseguimos que todos tengan una vivienda en propiedad?, sino de otra más profunda: ¿qué instituciones permitirían que una persona, independientemente de su origen familiar y de su nivel de renta, pudiera desarrollar razonablemente su proyecto de vida?

La vivienda en Rawls es uno de los bienes primarios y está directamente relacionada con la renta, la libertad de movimiento y oportunidades reales. Su principio de diferencia exige que las desigualdades económicas y sociales estén organizadas de tal manera que beneficien al máximo a quienes se encuentran en peor situación. Aplicado a la España actual, este planteamiento conduciría probablemente a una política mucho más ambiciosa que una simple ayuda puntual al alquiler.

El Banco de España señala que la oferta de vivienda nueva ha sido insuficiente y que se han acumulado déficits especialmente en determinadas zonas. También destaca el elevado esfuerzo que soportan muchos hogares arrendatarios y recomienda aumentar el parque público de alquiler asequible.

¿Qué medidas podrían derivarse de una perspectiva rawlsiana?
La primera medida: una gran expansión de vivienda pública. Sería probablemente la pieza estructural de toda la política. España podría plantearse un programa extraordinario de construcción de vivienda pública, por ejemplo, 700.000 u 800.000 viviendas anuales durante varios años, si los estudios técnicos y la capacidad productiva permitieran realmente alcanzar esas cifras.

La cuestión esencial no sería solamente construir mucho, sino construir vivienda que permanezca vinculada durante décadas a una finalidad social. Viviendas públicas en alquiler, cooperativas y viviendas asequibles para todos los que las necesiten por disponer de ingresos medios y bajos.
Segunda medida: subvencionar directamente los alquileres de quienes más lo necesitan. Rawls no defendería necesariamente una subvención universal idéntica para todos. Desde su principio de diferencia tendría más sentido concentrar los recursos en quienes soportan una carga desproporcionada. Una ayuda pública podría establecerse en función de la renta, número de miembros de la familia, situación laboral y precio de la vivienda en cada territorio. El objetivo sería impedir que una parte excesiva de los ingresos familiares desapareciera simplemente pagando el alquiler.

El problema español no es meramente que existan alquileres caros: es que el esfuerzo se concentra especialmente en los hogares con menores ingresos y en determinadas áreas urbanas.
Tercera medida: subvencionar determinados préstamos hipotecarios. Aquí aparecería una diferencia importante respecto de una política exclusivamente orientada al alquiler. Una familia que tenga ingresos suficientes para mantener una hipoteca, pero que no consiga afrontar las condiciones iniciales de acceso a la propiedad, podría recibir una ayuda pública: reducción del tipo de interés, aval parcial, subvención de una parte de la cuota durante los primeros años o financiación pública complementaria.

Pero Rawls probablemente introduciría una condición decisiva: la ayuda debería estar orientada prioritariamente a quienes carecen de patrimonio previo, no convertirse simplemente en una subvención general para compradores de viviendas caras.

Cuarta medida: facilitar la adquisición de vivienda mediante fórmulas de propiedad compartida. Esta propuesta encajaría especialmente bien con la idea rawlsiana de una democracia de propietarios. Rawls consideraba que una sociedad justa debía distribuir ampliamente la propiedad y el poder económico, en lugar de limitarse a redistribuir ingresos después de que se hubiera producido una enorme concentración de riqueza.

Quinta medida: movilizar suelo público. Estado, comunidades autónomas y ayuntamientos poseen suelo que podría destinarse prioritariamente a vivienda asequible.

Una política rawlsiana probablemente consideraría injustificable que la escasez de suelo edificable se convirtiera en una fuente extraordinaria de enriquecimiento para quienes ya poseen grandes patrimonios, mientras la mayor parte de los ciudadanos encuentran cada vez más dificultades para acceder a una vivienda.

Sexta medida: una fiscalidad orientada a ampliar el acceso a la vivienda. Podrían estudiarse beneficios fiscales para propietarios que incorporasen viviendas al alquiler residencial estable a precios moderados, incentivos a la rehabilitación y medidas que favorecieran la construcción de vivienda asequible. La cuestión rawlsiana sería siempre la misma: ¿quién se beneficia realmente de cada euro de gasto fiscal?

Séptima medida: una cuenta pública de vivienda. El Estado podría crear una especie de cuenta individual de acceso a la vivienda alimentada mediante aportaciones públicas, durante los primeros años de la vida adulta. Este capital podría utilizarse posteriormente para entrada de una vivienda, alquiler y rehabilitación. Sería una manera de evitar que el patrimonio familiar de los padres determinara excesivamente las posibilidades de los hijos.

Octava medida: coordinación entre Estado, comunidades autónomas y ayuntamientos. El Estado debería aportar financiación, establecer objetivos nacionales y mecanismos de evaluación; las comunidades autónomas desarrollarían los programas de vivienda y alquiler conforme a sus competencias y los ayuntamientos aportarían suelo, urbanismo, rehabilitación y gestión de proximidad. Sería una política de igualdad de oportunidades en materia de vivienda.

El objetivo sería impedir que haber nacido en una familia sin patrimonio, vivir en una determinada ciudad o tener unos ingresos modestos condenase de antemano a una persona a dedicar una parte desproporcionada de su vida a pagar su vivienda. Es algo que también plantearía Rawls.

CD/AT