Xalapa, Ver.- Desesperados porque no les han pagado la liquidación de al menos 600 policías despedidos al desaparecer la policía intermunicipal Poza Rica-Tihuatlán-Coatzintla en el sexenio de Javier “N”, preso en Reclusorio Norte, familiares de los uniformados, algunos de ellos ya fallecidos, bloquearon la calle Ignacio Zaragoza, frente a la Torre que alberga la Secretaría de Seguridad Pública estatal en el centro de Xalapa.

Los familiares de los policías municipales fallecidos y de ex elementos aún vivos, cerraron la arteria, para exigir a la Fiscalía General del Estado (FGE) que se investigue a exfuncionarios de la administración de Javier “N” que cobraron los cheques de liquidación de al menos 600 elementos que fueron despedidos en 2015 cuando disolvieron la corporación.

El abogado defensor de las familias, Óscar Juárez Téllez, indicó que los afectados son hombres y mujeres que laboraron entre 10 y 20 años en la policía intermunicipal.

Acusan que hay omisión y dilación en el proceso judicial, por parte de fiscales de Boca del Río y de Xalapa que entorpecen la investigación de la carpeta 672/2022 para proteger al jefe de la Unidad Administrativa de la SSP Ulises Rodríguez Landa, actual diputado federal suplente por Morena.

Por su propia cuenta investigaron que había pasado con el dinero de la liquidación de los policías despedidos y pudieron comprobar que Ulises Rodríguez Landa que fue funcionario de la SSP en el gobierno de Javier “N”, fue la persona que cobró los cheques en contubernio con trabajadores del banco Banorte, pero no lo entregó a los exelementos.

Muchos de los expolicías despedidos han fallecido esperando justicia y el pago de su finiquito.

Ya se han emitido 55 dictámenes en los que se establece la falsificación de documentos, acción realizada por trabajadores del gobierno del estado que con de esta manera cobraron las liquidaciones de los trabajadores.

“Las fiscalías tienen retenidos tanto los dictámenes como el proceso porque ya se consumaron 55 a favor, pero los demás están parados”, explicó el abogado.

La denuncia fue interpuesta en 2019, ya la mayoría de los expolicías son personas de la tercera edad, de entre 70 y 80 años; al menos 40 de esos elementos han fallecido esperando justicia.

CD/YC