Los acontecimientos recientes en la zona arqueológica de Teotihuacán, las amenazas que han puesto en jaque a la comunidad educativa de Xalapa y por si faltara la cereza del pastel el tercer atentado contra el presidente Trump de los Estados Unidos; no son meras coincidencias cronológicas, son señales de alerta de una sociedad que cruza una frontera delicada. Estamos ante un fenómeno donde la violencia estructural de México comienza a hibridarse con tendencias globales de ataques masivos y una crisis de salud mental que ya no puede ser ignorada.

El análisis profesional de estos hechos revela una realidad compleja. Por un lado, el incidente en la Pirámide de la Luna —protagonizado por un joven con afinidades extremistas y acceso a armas de fuego— nos muestra el peligro del “efecto imitación” ( copycat ). Por otro lado, las amenazas en las escuelas de Veracruz reflejan un tejido social desgastado, donde los menores, inmersos en un entorno de violencia normalizada, incluso en la intimidación una vía de escape o reconocimiento. Con siete de cada diez homicidios cometidos con armas de fuego en el país, el instrumento de la tragedia está al alcance de la mano, pero la raíz del problema es mucho más profunda.

La responsabilidad del flujo de armas hacia México es significativa; el 70% de las armas utilizadas vienen del vecino país, de donde atentan contra su presidente y aun así los fabricantes no pueden ser demandados legalmente por ese tráfico. Los fabricantes argumentan que no son responsables del uso violento que se haga de su producto.

Sin embargo, ver estos sucesos únicamente a través del lente del pesimismo sería un error. La crisis actual también ha desatado una respuesta institucional y civil sin precedentes. En Xalapa y otros municipios, la activación de protocolos de seguridad no ha sido solo un acto burocrático; ha provocado una movilización necesaria de padres y maestros que han pasado de la pasividad a la vigilancia activa y el cuidado mutuo.

La verdadera pacificación de México no vendrá exclusivamente de operativos policiales o revisión de mochilas, que funcionan solo como medidas paliativas. La solución de fondo exige transitar de una “cultura de la supervivencia” a una “cultura del cuidado”. Esto implica desmantelar la impunidad que alimenta la violencia, pero también invertir agresivamente en la salud mental de nuestra juventud y en la reconstrucción de los espacios públicos.

No estamos condenados a repetir estos ciclos. La capacidad de resiliencia de la sociedad mexicana es su activo más valioso. Al reconocer la gravedad del diagnóstico, ganamos también la oportunidad de aplicar la medicina correcta: educación emocional, control estricto de armas y una presencia comunitaria que detecte el dolor antes de que se convierta en pólvora. La paz es posible, pero requiere que dejemos de ver la violencia como un clima inevitable y comencemos a tratarla como un desafío estructural que podemos, y debemos, superar juntos.

CD/YC