***La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Marcela Guerra Castillo, ha insistido que la escasez de agua potable apta para el consumo humano debe ser, en México, una prioridad de seguridad nacional, ya que 80 por ciento del país enfrenta carestía o sequía; urgió a destinar mayor financiamiento público para mejorar la infraestructura hídrica, más y mejores controles de calidad y combatir prácticas como la no factura o cobro del agua, por la deficiencia del padrón de usuarios y el clandestinaje.

Y es que ante esta situación se requiere de una nueva política de gestión que incluya actualizar los marcos legales y regulatorios que rigen el manejo del agua. La escasez de este líquido se puede convertir en una crisis social, toda vez que afecta a los grupos más vulnerables de la población. Las familias mexicanas destinan el 16 por ciento de su ingreso mensual a la compra de agua embotellada y pipas, aunado a que pagan la tarifa pública.

La población de algunas zonas de la Ciudad de México no es la única que enfrenta este problema, según estudios de El Colegio de México (Colmex), el agua que se suministra en algunas partes de Michoacán, Guerrero, Estado de México, Morelos, Puebla, Hidalgo, Tlaxcala, Oaxaca, Aguascalientes, Guanajuato, Veracruz, Sinaloa, Durango, Nayarit, Jalisco, San Luis Potosí, Nuevo León, Tamaulipas, Sonora, Coahuila, Chihuahua, Baja California Sur, Baja California, sobrepasa los límites de contaminación.

Urge la toma de decisiones para que México cumpla los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en particular el número 6 que habla de agua limpia y saneamiento, como parte de las políticas para mejorar la vida y las perspectivas de las familias mexicanas.

Por ello se requiere invertir en modernización y conservación de infraestructura para una gestión más eficiente e incluso se debe analizar la conveniencia de permitir la inversión extranjera para enfrentar esta problemática, tomando en cuenta que se necesita una inversión promedio superior a los 86 mil millones de pesos anuales, durante los próximos ocho años para enfrentar la sequía y desabasto.

También, es momento que el sector empresarial asuma mayor responsabilidad en el tratamiento de las descargas hídricas, para luego aprovecharlas en el reúso, incluso como fuente de abasto a las redes, atendiendo así la creciente demanda en todo el país.

CD/YC