En Tlacolulan, la participación de la síndica Margarita Trujillo López en la vida pública del Ayuntamiento genera interrogantes entre habitantes, mientras se aferra a señalar de violencia política de género contra el alcalde Abel Hernández Hernández.

En la política municipal, los cargos públicos no se ejercen únicamente desde el escritorio ni se limitan a las diferencias que puedan existir entre quienes integran un Ayuntamiento. También implican presencia, participación y responsabilidad frente a la ciudadanía.

En Tlacolulan, la síndica Margarita Trujillo López está en el centro de cuestionamientos por su presunta ausencia en diversas actividades públicas del gobierno municipal. Habitantes señalan que no la han visto participar en eventos, faenas y actos oficiales en los que suele estar presente el Cabildo.

Entre los acontecimientos recientes que se mencionan está la firma de un convenio con la Secretaría del Trabajo, a la que, de acuerdo con la información proporcionada, la funcionaria no asistió.

Las ausencias han despertado preguntas entre algunos pobladores: ¿cuál es el papel que está desempeñando la síndica en la administración municipal?, ¿cómo participa en las actividades institucionales y de qué manera mantiene el contacto con la población que representa?

Son interrogantes legítimas cuando se trata de un cargo público, aunque las respuestas requieren revisar la agenda oficial, las actas de Cabildo y las justificaciones que pudieran existir para cada inasistencia.

Pero hay otro elemento que no puede ignorarse. Trujillo López ha denunciado ser víctima de violencia política contra las mujeres en razón de género por parte del presidente municipal, Abel Hernández Hernández. Ese señalamiento debe tratarse con seriedad y distinguirse de los cuestionamientos sobre su asistencia y desempeño público.

Una denuncia de esta naturaleza no debe utilizarse para descalificar a quien la presenta; tampoco elimina la importancia de informar a la ciudadanía sobre el ejercicio de las responsabilidades propias de un cargo público. Ambos asuntos merecen analizarse con evidencia y sin prejuicios.

Desde la administración municipal 2026-2029 se sostiene, según la información disponible para esta columna, que no se le oculta información a la síndica y que incluso sus observaciones quedan asentadas en las actas de Cabildo. Este punto podría ayudar a esclarecer cómo se desarrolla la comunicación institucional, pero requiere contrastarse con documentos y con la versión de la propia funcionaria.

Porque una cosa es la relación política entre el alcalde y la síndica, y otra muy distinta es el cumplimiento de las obligaciones que corresponden a cada integrante del Ayuntamiento.

La ciudadanía tiene derecho a saber cómo trabajan sus autoridades, cómo participan en las decisiones municipales y qué resultados ofrecen. La rendición de cuentas debe aplicarse a todos, sin excepciones ni dobles criterios.

En Tlacolulan, la discusión no debería quedarse en las diferencias entre dos funcionarios. Lo importante es esclarecer los hechos, conocer las razones de las ausencias señaladas y determinar, con información verificable, cómo se están ejerciendo las responsabilidades públicas.

Al final, los cargos municipales no son espacios para alimentar disputas personales, sino responsabilidades que deben responder al interés colectivo.

Y en esa tarea, tanto el alcalde como la síndica tienen algo que demostrar; que las diferencias políticas no están por encima del Ayuntamiento ni de los derechos de la población a recibir información, atención y resultados.

Porque en política, las acusaciones deben investigarse, las ausencias deben aclararse y las responsabilidades públicas deben rendirse ante la ciudadanía.