Evidentemente, que el Supremo recurra la amnistía por inconstitucional ante el Tribunal Constitucional es clarificador. En el auto de 49 folios se expresa con poderosos argumentos jurídicos, que el 1-0 fue un golpe de Estado y que la amnistía repugna a la igualdad ante la ley. El Supremo está convencido de que se vulneran los principios de seguridad jurídica y que se ponen en cuestión la democracia y los valores constitucionales. Los magistrados del Tribunal Supremo no albergan duda alguna, acerca de la inconstitucionalidad de la norma de la amnistía. No se puede decir con más claridad y rotundidad, considerando de modo objetivo lo que manifiesta el ordenamiento legal vigente, con una interpretación rigurosa y precisa. Ante esto, no caben las interpretaciones de tipo político ni la politización de la justicia, en función de los intereses del Gobierno. La propia Comisión Europea está analizando minuciosamente la ley de amnistía y ya se ha pronunciado en varios sentidos. Por ejemplo, dice que una norma como esta debería haber sido aprobada con un mayor acuerdo de las fuerzas políticas españolas y no ha sido así.

Además, está valorando también el ajuste de la amnistía al derecho comunitario. La Unión Europea también ha llamado la atención, a una parte de la clase política española, por ataques y críticas excesivas a la labor de los jueces. La justicia es un poder independiente y el ejecutivo de un país como España no debe inmiscuirse en los asuntos judiciales, con presiones políticas a los magistrados que se merecen un respeto.

Otra cuestión importante es que existe una mayoría de magistrados progresistas en el Tribunal Constitucional, lo que hace pensar que es muy probable que rechacen o no admitan la inconstitucionalidad del texto de la amnistía. En cambio, al ser menos los jueces conservadores en este Alto Tribunal, aunque voten a favor de las tesis o afirmaciones del Supremo, no se podrá invalidar, derogar o anular la norma de la amnistía. A mi juicio, es lamentable, porque el secesionismo de los partidos independentistas cada vez es de mayor intensidad, ante la debilidad del Gobierno de Pedro Sánchez, que se deja condicionar por las peticiones del independentismo y observa como la mayor parte de los proyectos de ley propuestos no son aprobados, con el deterioro consiguiente de la acción del ejecutivo. El mismo García-Page ya niega que Sánchez lidere la legislatura al “saltar a la vista que manda” Puigdemont y también pone el énfasis en que es inadmisible una financiación, que priorice a Cataluña respecto a las restantes Comunidades Autónomas españolas, algo lógico sin duda por numerosas razones. Las cesiones ante el secesionismo son cada vez mayores y esto tiene unas consecuencias devastadoras para nuestro país.

Por motivos de permanencia en el poder, no se puede estar bajo el paso que deseen marcar los partidos independentistas. Quizás, Pedro Sánchez tenga que gobernar por vía de decretos leyes. Es una posibilidad que está sobre la mesa, y que puede ser una solución parcial, ya que restan tres años de legislatura. Pero, tal vez, no sea suficiente y se tenga que recurrir a convocar elecciones, porque la situación política se puede volver insostenible. Sin una mayoría suficiente para aprobar leyes, las condiciones de la actividad política pueden ser duras para el Gobierno y sobre todo para los ciudadanos, ya que el acuerdo de gobernabilidad no es tal, con todo lo que supone.

Se necesita una estabilidad política y no se está logrando y ya ha transcurrido un año desde el inicio de la legislatura. A todo esto, se añade la investigación a la esposa de Pedro Sánchez y de su hermano, partiendo de la presunción de inocencia.

En lo relativo a la regeneración democrática, no hace falta tomar medidas especiales, porque la libertad de expresión no es negociable. Ya existe en el ordenamiento legal vigente formas de hacer frente a injurias, falsedades o daño al honor y la buena imagen, etc., acudiendo a los tribunales.

En cuanto a los independentistas, ya han reiterado que quieren que se celebre un referéndum de independencia o autodeterminación, más pronto que tarde. Algo imposible cumpliendo lo que indica el texto de la Constitución. Si el Gobierno actual sigue cediendo, para mantenerse en el poder, podría celebrarse, lo que sería trágico, porque significaría romper las reglas democráticas vigentes e impulsaría, de modo irreversible, la independencia de hecho de Cataluña del resto de España. En nuestro país no se admite un modelo federal de Estados asociados. La unidad del Reino de España está fijada en el texto constitucional y no son válidos subterfugios o excusas artificiosas.

Como se puede observar la situación política actual es bastante problemática y son necesarias medidas, por parte del Gobierno valientes y firmes. Por ejemplo, decir no a peticiones o condiciones que no son asumibles a pesar de los costes que suponga. En todo caso, los decretos leyes, quizás puedan ser, un modo de gobernar, siempre que se tenga en cuenta una toma de decisiones que impulse, de forma efectiva, las políticas sociales que necesitan, urgentemente, los ciudadanos españoles.

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CD/YC