La situación económica no se encuentra en riesgo. Habrá elecciones pacíficas. Hay paz y orden. Sin embargo, a pesar de todo eso que dicen no deja de llamar la atención el reporte que analiza los 10 principales riesgos que pueden afectar el entorno de negocios y la gobernabilidad democrática del país en 2024.

El análisis se basa en una metodología de Integralia Consultores que evalúa el impacto potencial y la probabilidad de ocurrencia de cada riesgo, con base en indicadores cuantitativos y cualitativos.

1. En caso de una victoria electoral del partido en el poder, se consolida la captura de la Suprema Corte por parte del Ejecutivo, a través del nombramiento de otro ministro afín, tras la salida de Luis María Aguilar en noviembre, o bien mediante una reforma constitucional para elegir a los integrantes del Poder Judicial por voto popular.

Si la coalición gobernante obtiene la mayoría calificada en el Congreso, se aprueban reformas constitucionales que afectan significativamente el entorno de negocios y el sistema de pesos y contrapesos: reforma electoral que modifica la estructura del INE y la forma de elegir al cuerpo directivo mediante voto popular, reforma para eliminar al INAI, reforma energética, entre otras.

Grupos criminales aprovechan la coyuntura electoral para ampliar su control sobre los gobiernos y los mercados locales: a corto plazo, esto aumenta la violencia política; a mediano plazo, fortalece su autoridad a nivel territorial, dejando vulnerables a las comunidades y organizaciones frente a delitos como extorsiones, cobro de piso o robos.

Se acentúa el proceso de militarización, ya sea porque López Obrador consigue la mayoría calificada para adscribir a la Guardia Nacional en la Sedena, y/o porque el nuevo gobierno decide (o se ve forzado a) continuar la política de AMLO respecto a las Fuerzas Armadas. 5. Un triunfo electoral de Donald Trump deteriora la relación bilateral con Estados Unidos y coloca a México en una posición de vulnerabilidad (amenazas con aranceles, constantes ataques reputacionales, agravamiento de la crisis migratoria y presiones en materia de seguridad).

El Congreso aprueba reformas y leyes “sorpresivas” que afectan el clima de negocios, como, por ejemplo, modificaciones al marco laboral, al aparato administrativo del Estado o al otorgamiento de concesiones, sin prever un período de transición y adaptación para el sector privado.

Se gestan conflictos poselectorales (nacional y/o locales) alimentados por campañas polarizantes; por el intervencionismo del gobierno; por una violación abierta, continua y simulada de las reglas; por un arbitraje político inoportuno o débil; por ineficacia operativa de los organismos electorales locales; y por resultados cerrados que propician nerviosismo en los mercados y arrastran a la nueva administración al mismo clima de polarización de la administración saliente.

El primer presupuesto del nuevo gobierno incumple con las metas fiscales previstas por la administración saliente: no lleva a cabo el ajuste fiscal necesario para retornar a la senda anticipada de déficit, poniendo en alerta a las calificadoras y mercados.

Aumentan la corrupción, los manejos administrativos opacos e inusuales con fines electorales y la falta de sanción de estos casos tanto en el gobierno federal como en los gobiernos locales.

Tras un posible resultado electoral desfavorable, crecen las tensiones y las divisiones en los partidos de oposición, lo que contribuye a que el nuevo gobierno opere en un entorno de contrapesos débiles.

CD/YC