La Universidad Veracruzana entró en una espiral retrograda, un escenario oscurantista donde se niega a sí misma.

Es la madre nutricia alimentando con su teta de autonomía y libertades a varios Caínes modernos que se hacen fuertes con la vía láctea de la «Lis de Veracruz» que pasó de ser una vela, símbolo que ilumina el camino del conocimiento y la verdad a un páramo donde reinan las pasiones humanas, relacionadas a mantener el poder por el poder, en puesta en escena de la política chicharronera que hace añicos el pensamiento universitario.

José Luis Cuevas Gayosso, ex director de la facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana, hace hincapié que el derecho del actual rector Martin Aguilar Sánchez, de conseguir una prórroga de una mutilada Junta de Gobierno, incompleta por las renuncias de las académicas María Angélica Buendía Espinosa y Haydee Zizumbo Ramírez, lo que presupone un primer madruguete a la razón, porque este órgano colegiado debió suplir a las renunciantes para que la prorroga estuviese revestida de legalidad, no es el procedimiento legal que debe caminarse.

El procedimiento, basamentado en el artículo 8º de la Ley de Autonomía de la Universidad Veracruzana, se establece en el numeral «I. El procedimiento y forma para elaborar la convocatoria y hacer la auscultación en la comunidad universitaria para integrar las propuestas de candidatos a ocupar el cargo de Rector».

El procedimiento no es la prorroga irregular concedida por una Junta de Gobierno incompleta; sino la publicación de la convocatoria para elegir nuevo rector(a), a más tardar este lunes 30 de junio, fecha fatal que tienen los integrantes de la JG de la UV para no incurrir en responsabilidades administrativas y/o penales.

Según la óptica del doctor Gayosso, el procedimiento debió hacerse primero con la emisión de la convocatoria y después con el derecho de Martin Aguilar Sánchez de intentar prorrogar su rectorado por cuatro años más.

La lectura política es que Martin Aguilar Sánchez dio un madruguete que no solo pone en duda la autonomía de la comunidad universitaria, sino la palabra empeñada por la propia gobernadora Rocío Nahle García, quien, en el terreno de la opinión externa, dijo que la UV debiera respetar los procesos legales en la sucesión rectoral.

Los estertores de junio podrían encerrar la fatalidad en la Universidad Veracruzana.

La crisis que se gesta es innecesaria, pudo evitarse si el procedimiento se hubiese respetado como lo dicta la legislación universitaria.

La renuncia de María Angélica Buendía Espinosa, profesora-investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y secretaria de la Unidad Xochimilco, quien fue la primera en renunciar como integrante de la Junta de Gobierno de la UV, lo que debió encender las alarmas respecto a este deslinde frente a las presiones internas que enfrenta este cuerpo colegiado.

La doctora Haydee Zizumbo Ramírez también decidió dar un paso de costado, al presentar su renuncia irrevocable como integrante de la Honorable Junta de Gobierno de la Universidad Veracruzana (UV), lo cual, al parecer, se derivó de las presiones que este cuerpo colegiado para aprobar la prórroga de la gestión del actual rector Martín Aguilar Sánchez.

Las renuncias no motivaron siquiera a la redacción de un boletín informativo, abonado al «sospechosismo» Creeliano de que algo turbio se movía en el corazón de la máxima casa de estudios de los veracruzanos.

Nada pasó.

Por eso, ya entrado en gastos, Martin Aguilar Sánchez se aventó la puntada hacer una consulta exprés de cuatro días para validar en la opinión pública que la reelección disfrazada de prorroga se ajusta a la legalidad, en un raquítico universo de 3 mil personas consultadas, porcentaje minúsculo en una universidad que tiene una población de 95 mil 534 estudiantes en el ciclo escolar 2024-2025.

Esta matrícula incluye estudiantes de nivel técnico superior universitario, licenciatura, especialidad, maestría y doctorado, tanto en educación formal como no formal, según información de la UV, más los 4 mil 119 catedráticos, que representan un número mucho mayor que los encuestados que ofrecen su apoyo a la intentona reeleccionista del rector.

En franca oposición a los vicios de procedimiento en la sucesión universitaria, el académico y aspirante a rector de la Universidad Veracruzana, Jorge Manzo Denes, planteó que el Consejo Universitario General (CUG) destituya a todos los integrantes que quedan de la Junta de Gobierno y que, en esa purga, revoque la prórroga ilegal concedida a Martín Aguilar Sánchez.

«Hoy, solo siete -de nueve- personas integran la Junta, tras la renuncia digna de dos mujeres que, con integridad, se negaron a participar en el atropello a la legalidad. Lo que hicieron los siete que permanecen no fue una decisión ética ni jurídica: fue una traición a nuestra querida UV», sostiene Manzo Denes.

Comparó a la Junta de Gobierno con un grupúsculo de iluminados que atentan contra la autonomía de la UV, porque al perseguir intereses diametralmente opuestos a la grandeza universitaria, radicada en sus libertades como casa de estudios, «ha fallado gravemente a la confianza de la comunidad universitaria».

Jorge Manzo Denes exhortó a la comunidad universitaria a convocar con carácter de urgente a una sesión extraordinaria del Consejo Universitario General (CUG), sin la presencia de las actuales autoridades universitarias, dado que éstas provocaron la crisis institucional por la que atraviesa la UV, para «proceder a la destitución inmediata de los siete integrantes actuales de la Junta de Gobierno, por no ser dignos de representar a nuestra universidad».

Un golpe de estado basado en la razón lógica.

Una adecuación académica y filosófica de «al diablo con las instituciones» cuando estas han sido tomadas por asalto para el uso y disfrute de una mayoría.

El exordio de que «la Universidad Veracruzana no es propiedad de unos cuantos. Es de todas y todos. Hoy más que nunca, la comunidad universitaria debe ejercer su soberanía colectiva y su responsabilidad histórica. Es momento de reorganizar, sanar y reconstruir desde los principios de legalidad y dignidad universitaria», se da en tiempo de exámenes extraordinarios, ausente la masa estudiantil de la política intramuros que puede salirse de madre en la UV.

Hasta la mañana de este viernes 25 de junio, la petición ¡Exigimos la disolución de la Junta de Gobierno de la Universidad Veracruzana! registraba 504 firmas registradas y validadas por la plataforma change.org, por la causa:

1. La Junta de Gobierno de la Universidad Veracruzana (UV) ha aprobado una prórroga ilegal e ilegítima para que el rector Martín Gerardo Aguilar Sánchez permanezca en el cargo hasta 2029, a pesar de que ya ha superado la edad límite establecida y sin respetar el procedimiento ordinario de renovación rectoral que debe incluir convocatoria abierta y participación plural.
2. Esta decisión se tomó en medio de opacidad, falta de transparencia y sin la consulta real y democrática de la comunidad universitaria, generando un clima de desconfianza, división y crisis institucional. Además, existen denuncias sobre el manejo opaco de recursos y la percepción de que el rector busca únicamente jubilarse con el salario de rector, sin un verdadero compromiso con la universidad.
3. La prórroga viola los principios básicos de autonomía universitaria porque limita la pluralidad, la rendición de cuentas y la participación democrática, poniendo en riesgo la estabilidad y el prestigio de nuestra máxima casa de estudios.

La exigencia de la petición se radica en:

1. El artículo 3° constitucional, fracción VII, reconoce la autonomía de las universidades públicas para gobernarse a sí mismas, pero esta autonomía debe ejercerse conforme a la ley, con respeto a principios democráticos, transparencia y legalidad.

• La Ley General de Educación Superior establece que las universidades autónomas deben respetar sus leyes orgánicas y normatividad interna, y que los procesos legislativos relacionados deben respetar irrestrictamente su facultad de autogobierno.

• La Junta de Gobierno es un órgano interno de autogobierno responsable de nombrar y remover al rector, pero debe hacerlo mediante procesos incluyentes, participativos y transparentes; cuando falla en estas funciones, pone en riesgo la autonomía y la estabilidad institucional.

• La autonomía universitaria no ampara actos arbitrarios ni ilegales. En casos de violaciones graves a la ley o a la autonomía, el Congreso del Estado tiene facultades para legislar y supervisar la organización universitaria, incluyendo la posibilidad de modificar o disolver órganos que vulneren la normatividad y el interés público universitario.

La lectura política es que la ley y el orden no importa a quienes desean prorrogar un mandato descafeinado, incoloro, inodoro e insípido.

La lectura política en la turbulencia universitaria, la impronta de la comunidad y la opinión pública es que se consumará un madruguete que desafía a la autoridad y a la diplomacia que debe existir entre la universidad publica y los poderes del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

La política, como arte para la solución de conflictos, como mediadora para evitar una crisis en la máxima casa de estudios, habrá fallado, otra vez.

Quizá haga falta un golpe sobre el escritorio.

columnacarpediem@gmail.com

CD/GU